Feliz Cumpleaños Miss Transparencia
Por Juan Antonio González
El 20 de marzo de 2003 al publicarse la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a
la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se inició el ejercicio
del Derecho de Acceso a la Información Pública por parte de los potosinos.
Once años de contar con un derecho que desafortunadamente no es ejercido
con la frecuencia que se desearía.
Once años han sido insuficientes para acendrar la cultura de la
transparencia en las autoridades que pese al paso de los años, continúan
mostrándose renuentes al tema.
Once años han sido poca cosa para que los ciudadanos tomen conciencia de
que les asiste el derecho a conocer la información que obra en poder de las
instituciones públicas.
Once años de una Ley manoseada por diputados de distintas legislaturas
que en el trayecto la han reformado en innumerables ocasiones.
Once años de una Ley fundamental que sigue siendo materia desconocida
para la mayor parte de la población.
En once años, muchos servidores públicos de todos los partidos políticos
y filiaciones ideológicas se han burlado de la Ley, la han pisoteado y la han
burlado mediante chicanadas legales para evitar su cumplimiento.
En once años, los gobernadores, presidentes municipales, legisladores,
magistrados y toda serie de figuras públicas han utilizado la bandera de la
transparencia con claros fines políticos. Se han proclamado adalides de la
transparencia y respetuosos del Derecho de Acceso a la Información Pública,
pero en los hechos han dado constancia de lo contrario.
El Mío, es un gobierno transparente, abierto al escrutinio público,
sensible a las demandas de información han dicho en su momento Fernando Toranzo
y antes que él, Marcelo de los Santos, a quienes ahora, se les puede reconocer
sin tapujos como gobernadores opacos tentados más por el afán de ocultar que el
de publicitar.
No ha habido legislador que los últimos once años que no presuman ser
los más transparentes de la patria, que no hay quien se les compare. Es más,
que son más transparentes de lo que la Ley les obliga.
En once años hemos atendido muchas de esas vaciladas.
Después de todo, son once años y vale la pena celebrarlo. Proyecto
Tábano lo festeja porque sin la Transparencia y el Derecho de Acceso a la
Información Pública no existiríamos. Somos solo unos ciudadanos que ejercemos
el oficio de periodistas y nos encanta el tema, a algunos (a los entes
obligados) no les gusta, pero ni hablar.
Desde este modesto espacio, celebro la efeméride porque la fecha va
mucho más allá de eso: desde hace once años nos hemos asombrado con documentos,
datos e informaciones que han exhibido los excesos, corrupción, caprichos,
vanidades, omisiones, complicidades, yerros y hasta la ignorancia de muchos
servidores públicos.
Bienvenido el Derecho de Acceso a la Información Pública porque de
ejercerlo se han construido muchas historias, noticias y reportajes y ha
permitido el análisis y el debate acerca del ejercicio del poder público.
Once años de saber más que antes, diez años de ser menos ignorantes, de
contar con mayor fortaleza para no ser objeto de engaño ni de manipulación; once
años de contar con un instrumento legal que nos permite contribuir a construir
una ciudadanía mejor informada y más consciente de sus derechos.
No se si esté bien decirlo porque tal vez pueda resultar injusto, pero
quizá son once años en que la Transparencia y El Derecho de Acceso a la
Información Pública se han desarrollado, aunque incipientemente, aun en contra
del pobre trabajo de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información
Pública.
Se ha caminado cuesta arriba pese a ese órgano garante que está próximo
a cumplir diez años, se la ha pasado en la frivolidad del escándalo, rehenes de
intereses políticos, víctimas de su propia ineficiencia e improvisación.
Los comisionados nunca han sentado en la agenda pública de la
información a la institución y su obligación de difundir el Derecho a la
Información, sino que se han valido de ello para posicionarse en lo personal.
Se les reconoce más por sus fallas que por sus aciertos, por su improductividad
que por su desempeño.
Pese a ellos, la Ley ha cumplido once años y seguramente seguirá hacia
adelante pese a la burocracia de la transparencia y sobre todo, pese a la al
parecer inquebrantable falta de voluntad de los servidores públicos de cumplir
y respetar la Ley.
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