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martes, 21 de enero de 2014

Se busca auditor a la medida, no importa si es reelección

Por Juan Antonio González

Hay servidores públicos que tienen su fama pública por los suelos. Se puede decir que hay funcionarios que cargan tanto descrédito que si éste fuera una losa, no se podrían poner de pie
En San Luis Potosí hay y ha habido servidores públicos que cada mañana antes de salir de casa para ir a la oficina, dejan su moral cuidadosamente doblada en la silla porque la utilizan tan pocas veces que ya ni vale la pena cargar con ella.
Hay servidores públicos ineficientes, simuladores, oportunistas, convenencieros, arrogantes, déspotas, autoritarios, soberbios, narcisistas, y puede que hasta ignorantes redomados de la ley y de las obligaciones y responsabilidades que ésta les confiere.
También, sin duda, los hay eficientes, probos, inteligentes, comprometidos con la sociedad y las instituciones.
De todo hay, pero es indudable que los buenos funcionarios son los menos.
El Congreso del Estado está en pleno proceso para la elección del titular de la Auditoría Superior del Estado, cargo para el cual se registraron trece aspirantes que desean servir a su estado desde esa delicada e importantísima posición.
De los trece inscritos, quien más ha llamado la atención, incluso desde antes del cierre de registros, es el caso del actual auditor superior, Héctor Vicente Mayorga Delgado. Su participación era un secreto a voces.
Siguiendo lo publicado por los medios de comunicación durante las últimas semanas, resaltó el hecho de que analistas, articulistas, columnistas y editorialistas al tocar el tema de la renovación del cargo en la ASE, se mencionara a Mayorga Delgado en términos no necesariamente favorables.
Se percibió una notable coincidencia en cuanto a que el trabajo desarrollado por Mayorga no es ni con mucho el deseado para una institución que se supone, de forma autónoma e independiente tiene la responsabilidad de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos de los tres niveles de gobierno, los ayuntamientos y los organismos públicos autónomos descentralizados.
Pocas voces sino es que ninguna, se alzó para hablar o escribir sobre lo positivo que sería una eventual reelección de Mayorga en el cargo de Auditor, más bien la coincidencia es que lo más saludable es que se vaya.
En los corrillos políticos entre tanto, se mantiene la puja de fuerzas al interior del Congreso del Estado, donde la mayoría priísta seguramente está en espera de lo que le mande el gobernador.
Se especula sobre si Mayorga será reelecto, si eso le conviene al ejecutivo y a los partidos políticos y se debate aun en corto si lo mejor es cambiar, siempre y cuando el cambio sea para seguir con lo mismo, es decir, con la impunidad.
La mala prensa con la que cuenta Mayorga habida cuenta de sus magros resultados y su mala imagen que se le ha construido por los intereses que privan en los medios, colocan las aspiraciones de Mayorga muy cuesta arriba.
De hecho, no existe memoria documental de “peces gordos” que hayan sido sancionados de forma ejemplar por la ASE. Ni peces gordos del pasado ni del presente, no los hay.
Y no los hay porque la Auditoría y por tanto el auditor, han acumulado tantos intereses de corte político que están atados de manos para sancionar a nadie, se han autolimitado en sus tareas de fiscalización y han terminado por aplicar auditorías patito para agradar a quien haya que agradar.
Así por ejemplo, al gobierno de Fernando Toranzo le han realizado observaciones a cuentas públicas por miserables pesos y centavos. Como ha sido reportado por Proyecto Tábano las observaciones al ejecutivo no llegan ni al uno por ciento del total de su ejercicio presupuestal.
Habrá tanta eficiencia y honestidad o será que en cambio hay encubrimiento y simulación a conveniencia.
Como sea, Héctor Vicente Mayorga Delgado quiere ser reelecto, desea seguir en el cargo de auditor. El gobernador en primerísimo lugar tiene la palabra, el no vota, pero por él sus diputados lo hacen.
Los más pesimistas creen que será reelecto porque así le conviene al gobernador y a la clase política local. Quién sabe lo que ocurrirá, pero teniendo un Congreso que no es en forma alguna contrapeso al ejecutivo y que lo que se impone es el interés de los partidos, lo más previsible es que se dejen las cosas como están, o en su caso, que se cambie al auditor para seguir igual.

Cambio de persona, pero no de las reglas del encubrimiento, la opacidad y la impunidad.

jueves, 9 de enero de 2014

CEGAIP y Toranzo: Peor, imposible

Por Juan Antonio González

Este año el Gobierno del Estado ejercerá cuatro mil 218 millones 714 mil 189 pesos en un Eje Estratégico que por razones inexplicables se llama: Gobierno Eficiente, Transparente, Honesto y Austero. Con ese título, el gobierno de Fernando Toranzo fanfarronea de lo que sin duda, no es.
En ese Eje, entra la definición gubernamental de lo que a su decir es un buen gobierno basado en los siguientes principios: Participación, Legalidad, Transparencia, Responsabilidad, Consenso, Equidad, Eficacia, Eficiencia y Sensibilidad.
Así se define el gobierno de Fernando Toranzo de acuerdo con su propia descripción en el Plan Estatal de Desarrollo. Es el autoelogio en su máxima expresión. Un modelo de colección.
En ese cajón atiborrado de adjetivos ultra positivos, está celosamente escondido el tema de la transparencia, mismo que solo se ventila para presumir mediante gacetillas pagas, que el gobierno de San Luis Potosí es tan transparente como el agua.
De esos más de cuatro mil millones, se desconoce los montos que se asignan para impulsar la transparencia en la administración pública estatal. Hay ausencia de información respecto de cómo se gasta cada peso que se destina a garantizar esa perogrullada de que el de Toranzo es un gobierno transparente.
Pese a ello, el gobernador y por lo general sus funcionarios, pocas veces tocan el tema y de manera esporádica se llega a saber algún proyecto, programa o acción de gobierno en referencia al tema.
De entre los usuarios de los servicios de información de que dispone el gobierno en sus sitios electrónicos, muy pocos podrían decir que se localizó la información deseada, muy pocos aprobarán que se cuenta con rutas de acceso sencillas y los más se quejarán de que la información no está actualizada.
También, entre los peticionarios de información a través de los módulos de las dependencias o bien quienes solicitan datos por medio de INFOMEX, habrá más de entre quienes se quejan de la falta de respuesta en los plazos legales establecidos, así como de respuestas insuficientes o de plano evasivas.
El Gobierno del Estado se ha especializado en negar información a quienes la solicitan y para ello sobran pretextos.
Saben en el gobierno, que en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública cuentan con un aliado, son pareja en cuanto a su mediocridad para cumplir con sus obligaciones constitucionales.
De no ser así, no habría forma de explicar como es que la CEGAIP califica al gobierno como el ente obligado más cumplido en cuanto a la publicidad de información de oficio y en cada revisión, les dan su estrellita y poco falta para que el envíen flores al gobernador para felicitarlo por lo transparente que es.
Es para dar risa.
El Gobierno del Estado es el último lugar entre todos los gobiernos locales por la mala calidad de su sitio web. La CEGAIP es también último lugar según la última medición del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información.
Es decir, si el gobierno y la CEGAIP fueran ilustrados como figuras de historieta, estaría la pareja en el rincón del salón de clases mostrando sus magnificas orejas de burro.
Y es que en realidad es de una hilaridad inagotable: la CEGAIP califica de excelente al gobierno de Toranzo y resulta que esa calificación proviene del peor de los órganos garantes del país.

Sin duda, se trata de actos de simulación tan increíbles como mañosos. 

domingo, 5 de enero de 2014

No a todos les va a gustar lo que escribes

Por Juan Antonio González V.

El pasado quince de diciembre, Victoriano Martínez Guzmán, columnista y articulista del periódico La Jornada San Luis fue agredido física y verbalmente por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Es probable que el hecho no haya sido una casualidad sino un acto premeditado.
En Periodismo de Investigación se advierte que “no a todos les va a gustar lo que escribes”, de manera especial si de lo que se escribe se relaciona a todo aquello que el poder público desea que no se sepa.
Victoriano Martínez escribe una columna que se llama Tabanero y de igual forma redacta el editorial diario de La Jornada San Luis bajo el título de Campanario. En ambos casos, tales espacios suelen presentar información y temas que tocan la delicada piel de quienes ocupan cargos públicos, empezando por la del gobernador Fernando Toranzo Fernández.
Investigador meticuloso y especialista del tema de la transparencia, Victoriano ha cultivado un olfato noticioso envidiable. Sabe donde están las noticias y sabe encontrarlas, eso no le gusta al poder público.
Periodista de larga trayectoria, Victoriano Martínez, ha explotado exitosamente la rica y enorme veta noticiosa que se esconde en la red de redes. Ha sido capaz en muchos casos de abrir candados en páginas web para encontrar información deliberadamente oculta y la ha hecho pública.
Con la curiosidad y entusiasmo que caracterizan al periodista investigador, escarba en los sitios electrónicos de las entidades públicas en busca de datos que potencialmente se pueden convertir en noticia.
Durante muchos años fue de esos reporteros que perseguían la nota por doquier, su espacio eran las calles, las plazas, las oficinas públicas, pero de algunos años para acá se ha especializado en la búsqueda de datos al aplicar el precepto constitucional del derecho de acceso a la información pública, del derecho a saber, del derecho a preguntarle al poder.
El quince de diciembre, Victoriano acudió a la plaza de armas para ver de cerca lo que ocurriría ese día en que el Congreso del Estado votaría la Minuta de la Reforma Energética y el espinoso asunto de la tenencia.
Victoriano fue a ver lo que es lo mismo, a reportear el hecho.
En esas estaba cuando elementos de la policía estatal cargaron en contra de personas que habían ido a protestar. Eran manifestantes que se oponían a la reforma Energética y que por ese simple hecho se convirtieron en potenciales enemigos del Estado.
Con brutalidad, los manifestantes fueron agredidos. Eran imágenes que un periodista no podía dejar pasar, así es que Victoriano empezó a tomar fotografías con su teléfono. Eso fue suficiente para que los policías lo valoraran como un revoltoso con facha de delincuente y pasaron seguidamente a agredirlo.
Lo empujaron, lo insultaron, los golpearon con las manos y lo patearon cuando se encontraba indefenso, le destruyeron los lentes y lo amenazaron. Todo, para intentar infructuosamente quitarle el teléfono con el que había tomado las imágenes de las agresiones.
Pasada la zacapela, Victoriano presentó su queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo mismo hicieron otros ciudadanos agredidos por la policía.
Luego, con el dolor en el cuerpo por los golpes recibidos y con el agravio de que la policía le reprimió por ejercer su oficio de periodista, se fue a escribir su columna y el editorial de La Jornada San Luis.
Supo entonces que el gobierno de Fernando Toranzo llamó al periódico, pero no para disculparse por las agresiones, sino a presionar para que la golpiza a los ciudadanos y las agresiones al periodista no se magnificaran.
Hace unos días, pregunté por correo a Victoriano cómo iba su queja ante la CEDH y qué había ocurrido después de las agresiones y me contestó que nada.
Esta es su respuesta:
“Sobre el incidente, tengo la impresión de que para las autoridades fue como un estornudo, alguien dijo salud... y quedó olvidado. Claro, para mí no han terminado sus efectos, pues me ha desbalanceado económicamente tener que comprar otros lentes y todavía quedan algunos ligeros malestares en las piernas. La única reacción que conocí de parte de las autoridades fue a través de Julio, quien mencionó que hubo presiones para que se minimizara la información sobre la intervención de la policía, de ahí en fuera, supongo que desde el gobierno habrá quien piense que me lo merecía. Si la agresión en sí constituye un atentado al ejercicio libre del periodismo, que después presionen como dice Julio que lo hicieron hace aun más grave el atentado a la libertad de expresión.
“Sí, ese mismo día una persona de la CEDH estuvo recabando datos de las personas que fuimos agredidas para integrar un expediente de quejas. Di mi nombre, dirección, y teléfono y correo electrónico. Tomaron fotografías de mis lentes destrozados y las leves lesiones de mi mano izquierda por un sangrado que traía en mi dedo anular. A César, el fotógrafo, le tomaron foto de la lesión en su labio inferior. Quedaron de llamarnos para hacer una cita para ampliar la información de la queja, pero es fecha en que no hay ningún contacto. Supongo que a la CEDH fue a la que le tocó decir salud...”
A esto se le llama impunidad, pero en este caso ésta no es la principal agravante, pues está el acto ominoso de los diputados que, a los policías que golpearon a manifestantes y periodistas, les gratificaron con el pago de sus tres comidas en ese quince de diciembre.
27 mil pesos para los alimentos de los policías golpeadores, según consta en el cheque 50502 de fecha diecisiete de septiembre publicado en el apartado de transparencia de la página electrónica del Congreso del Estado.

Así se gobierna en San Luis Potosí, ni como esperar un 2014 próspero y feliz.