Transparencia asfixiada por la demagogia de sus demagogos

Por Juan Antonio González

Hay declaraciones que provocan una conmoción ribeteada de ternura que también puede transformarse en cinismo para luego llevar hasta la hilaridad porque llevan una carga de demagogia insospechada, sin límites.

Para no ir tan lejos, Miguel Herrera, director técnico de la selección mexicana de fútbol dijo que México ganaría el Mundial de Brasil y que regresaría a México con la copa del mundo en sus manos. Hasta el presidente Enrique Peña Nieto lo secundó.

No se sabe si el Piojo lo dijo en un momento de espontánea locura o si lo dijo estando en todos sus cabales, pero lo dijo y lo repitió cuantas veces quiso. Pero no eso no va más allá del anecdotario, solo es fútbol.

Se acabó para México el Mundial, la selección no llegó a la final porque fue eliminado en cuartos y eso no ha importado, pues cuando hay demagogia se puede justificar todo. Así, el Piojo ha dicho que en efecto, que no se cumplió el objetivo que era llegar a la final, pero que los chavos se mataron en cancha, que dejaron todo, que se portaron como unos valientes, que jugaron asombrosamente y total, que estaba ciento diez por ciento orgulloso de ellos.

Esa conducta demagógica para esconder el fracaso e incumplimiento de promesas es la misma que repiten políticos y servidores públicos en todos los niveles, pero para mayor vergüenza los que más deberían estar comprometidos con la verdad.

Hace apenas unos días, el Congreso del Estado designó a Claudia Ávalos Cedillo como comisionada de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, en cuyo caso, Juan Pablo Escobar, presidente de la Comisión de Transparencia del poder legislativo juró y perjuró que el proceso sería impecablemente inmaculado, que se elegiría al de mejor perfil y que sería una elección clara y transparente.

Todo resultó ser demagogia y el voto de los diputados fue alineado por el mandato gubernamental en favor de la ahora integrante de la CEGAIP, quien de transparencia al parecer solo sabe que un comisionado gana como unos setenta mil pesos mensuales o algo así.

Sin que nadie se lo pidiera, Miguel Martínez Castro, funcionario de la Secretaría General de Gobierno se dirigió unos reporteros para decirles que si alguien suponía una intervención del gobierno en la elección de un comisionado de la CEGAIP, no sería más que una mentira, una especulación sin sentido; pero que por cierto, la elección de Ávalos Cedillo había sido muy acertada y que por cierto, el gobierno respetaba esa decisión de los diputados, únicos responsables de votar.

Aprovechó para expresar además que aunque fue una decisión del Congreso, la designación de Yolanda Camacho Zapata como presidenta de la CEGAIP era igualmente muy acertada.

Y luego, Camacho y Ávalos se presentaron ante el personal de la Comisión para asegurar lo que puede asegurar cualquier político en cualquier momento y ocasión: “mantendremos una política de puertas abiertas”, “hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar el trabajo de la CEGAIP”, “vamos a mejorar”, “reconocemos la preparación y empeño del personal” y bla-bla-bla.

Y de nuevo el buen diputado Escobar: “Los tres (es decir Camacho, Ávalos y Mendoza) traen muy buenas ideas, muy buenas propuestas para ir mejorando el trabajo que ha venido haciendo la CEGAIP”.

“Yo lo he dicho que yo creo que la CEGAIP ha hecho un trabajo bueno…se tiene que  recuperar el prestigio que ha tenido en años anteriores (¿en serio?)…yo veo a los tres integrantes con muchos ánimos y ganas de trabajar, de lograr que éste órgano autónomo ocupe los primeros lugares a nivel nacional en re conocimiento por su trabajo y ese es el compromiso y el reto que llevemos a cabo”.

Como diría Carlos Marín en el Asalto a la Razón: ¡Chíngale¡

Más demagogia, imposible.

Papi consígueme salario en la CEGAIP

Por Juan Antonio González

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) una vez más ha sido víctima de los mezquinos intereses del poder público. El desprecio que por esa institución tiene el gobernador Fernando Toranzo, se explica con la designación de una amiga de familia como nueva integrante de la Comisión.

El único mérito de Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo es ser hija del doctor Roberto Ávalos Carbajal, eterno compañero del también doctor Fernando Toranzo  Fernández en la burocracia del sector salud.

24 horas antes de que el pleno del Congreso del Estado abordara el tema de la elección del nuevo comisionado de transparencia, es decir, el miércoles 25 de junio, en su oficina de palacio de gobierno, el Secretario General, Cándido Ochoa Rojas recibió a un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional.

Rosa María Huerta y Juan Manuel Segovia se presentaron ante el secretario General para saber si para el caso de las CEGAIP había algún favor, encargo, sugerencia u orden que seguir.

Efectivamente, les respondió sin cortapisas el secretario de gobierno quien sin mayor preámbulo les pidió que Elizabeth Ávalos Cedillo fuera considerada como la propuesta del señor gobernador y de la doctora Ramos. Es decir, que tanto el gobernador como la doctora juzgarían sin temor a equivocarse que la licenciada Ávalos es el mejor perfil, la mejor preparada.

A la sesión del Congreso, la elección “ya llegó planchada” en favor de la hija del doctor que es amigo del gobernador y así sucedió, los diputados de Toranzo con la ayuda de algunos panistas, le dieron los dieciocho votos que necesitaba para ser electa.

Esta forma tan indecorosa, indecente y vergonzosa es lo que se diría de manera purista: la técnica legislativa.

Los diputados de la mayoría compuesta por el PRI y PVEM, apoyados por el PANAL actúan de acuerdo con los hilos que los mueven desde palacio de gobierno. No pueden decir no cuando el gobernador chista, cuando el gobernador ordena, cuando el gobernador levanta la mano y golpea la mesa, cuando el gobernador estira la mano y ante una hoja con un listado de nombres señala con el dedo y ordena, ésta.

La elección del sucesor de Alfonso Serment Gómez era una oportunidad para empezar a limpiar a la CEGAIP de los intereses políticos que desde hace años la tienen secuestrada y maniatada.

Cabía la esperanza de que por primera vez, el ejecutivo en turno no incidiera en la elección, que no metiera las manos y que no nombrara a un preferido o preferida para otorgar el cargo como si fuera cualquier cosa.

Serment ha llevado a la CEGAIP a los sótanos más oscuros de la mediocridad y sus comisionados compañeros han estado de acuerdo en ello. Están formados de la misma savia, de los mismos lodos. Llegaron al cargo a base de amiguismos y compadrazgos políticos. No por su capacidad, por eso, la CEGAIP es la última en el país en la defensa genuina del derecho de acceso a la información pública.

A los comisionados los acompaña quizá la peor de la burocracia potosina y con ello han patentado su mediocridad.

Por eso, se esperaba que el Congreso llevara a cabo una elección ejemplar, democrática, transparente y sobre todo honesta.

Fue más de lo mismo. La clásica reunión de los diputados de mayoría con el representante del gobernador y ya está.

Hacerlo de ese modo es no solo una ofensa para la sociedad que necesita de un órgano garante realmente independiente del poder ejecutivo, sino que también es el colmo del descaro.

No puede presumirse de que San Luis Potosí es un estado democrático cuando el poder legislativo está supeditado a las órdenes del gobernador, pero más aún, el gobernador no puede favorecer a nadie por el simple hecho de ser amigos de la familia.

Lo que viene seguramente para esa Comisión es el mismo  trayecto  frustrante de comisionados comprometidos con políticos y no con los ciudadanos. Llegar al cargo gracias a las relaciones del papá, no es nada digno para las comisionadas Ávalos y Camacho.

Es por eso que prácticamente nadie cree ni confía en la CEGAIP, institución a la que el poder público está empeñado en acabar.

Cuentas Públicas Municipales y su secuela de Impunidad

Por Juan Antonio González

La más reciente edición  de la trama que bien podría titularse La Triste Historia de los Ayuntamientos Pobres y sus Desalmados Presidentes Municipales, es todo un drama plagado de villanos, algunos de aspecto torvo y oscuro, y otros, que como los delincuentes de cuello blanco reflejan éxito, seguridad y popularidad, pero en el fondo se guían por una desenfrenada ambición.

Complicidades, Encubrimientos, Avaricia, Egolatría, Excesos, Traiciones, Compadrazgos, Amiguismos, Influyentismo, Corrupción, Dolo e Impunidad son apenas algunos de los rasgos de la villanía de los alcaldes.

Nos referimos al Informe Final de Auditoría a las Cuentas Públicas Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2013 que dio a conocer la Auditoría Superior del estado.

Personajes centrales del drama anual en que se ha convertido la revisión de las Cuentas Públicas Municipales, los alcaldes continúan perfeccionando sus habilidades, capacidades y virtudes para hacer de las haciendas públicas, cartera personal de la que pueden gastar cómo se les antoje.

Cada año esa historia de perversidad y manipulación en el uso de los recursos públicos se repite y se perfecciona, como si los ediles tuvieran el reto de demostrarse a si mismos y a toda la sociedad, que son capaces de ser peores.

Mil 419 millones 932 mil 408 pesos es el monto de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado a los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí respecto de las Cuentas Públicas 2013. En 2012 fueron 995 millones de pesos.

Hay ejemplos notables por su ineptitud, como es el caso de Villa de Zaragoza, cuyo ejercicio de los recursos públicos fue  observado en 61 por ciento. Es decir, solamente 39 centavos de cada peso los aplicó correctamente.

Ayuntamientos de pacotilla.

Al ayuntamiento de Tampacán le observaron el 53 por ciento de los recursos públicos ejercidos, o lo que es lo mismo, más de la mitad del dinero que recibieron lo usaron como les gusta hacerlo: obrando mal.

Municipios donde la marginación de la población y el rezago social es sobradamente elocuente, como San Antonio, Santa Catarina, Tamasopo, Huehuetlán.

Le siguen Huehuetlán con el 48 por ciento, Real de Catorce con el 47 por ciento y San Antonio con el 45 por ciento.

Ninguno de los 58 municipios salió limpio. Desde el más modesto hasta el más rico y encumbrado no fue capaz de utilizar los recursos públicos con probidad y apego a las leyes.

Verbigracia, el ayuntamiento de la capital sumó observaciones por 361 millones 290 mil pesos. El autodenominado ayuntamiento “transformador” resultó ser una copia más nefasta que la anterior administración que en 2012, había tenido observaciones por 234 millones 234 mil pesos.

En el otro extremo, hay algunos municipios a los que solo se les observó del uno al cinco por ciento de su presupuesto, lo cual si bien es meritorio, tampoco es nada para festinar, pues el simple hecho de hacer mal uso de un solo peso de las arcas públicas es ya un exceso.

Cuanta falta hace tener autoridades municipales eficientes y profesionales en lo administrativo para lograr que cada peso y cada centavo que pase por sus manos sea aplicado correctamente.

Cuanta falta hace tener autoridades municipales políticamente decentes y honestas para impedir que se tuerza la ley y, con ello, evitar caer en la tentación de la corrupción.

La ausencia de gobiernos municipales de calidad, ha provocado la creación de un círculo vicioso en el que la corrupción y la impunidad van de la mano. Los servidores públicos municipales saben que actuar al margen de la ley, aunque es un riesgo, no necesariamente es algo que les afecte, y en muchos casos es algo que ni siquiera les provoca temor

Hay algo de fracaso en los gobiernos municipales que pese a ser el órgano de autoridad más cercano a la ciudadanía, es paradójicamente la más abusiva contra el interés de la sociedad.

Al amparo de su autonomía constitucional, los ayuntamientos se manejan como quieren y se han convertido en ínsulas de poder público al servicio de partidos políticos, clanes, grupos y caciques de todo tipo.

Si bien existe una instancia fiscalizadora como la Auditoría Superior del Estado con facultades para sancionar y determinar el inicio de procedimientos judiciales ante las autoridades correspondientes, no ha sido suficiente para detener las ambiciones de los alcaldes y sus colaboradores.

Cuando los expedientes de los ayuntamientos llegan a la Procuraduría General de Justicia del Estado se mueren, pasa el tiempo y no ocurre nada y es entonces, cuando al concretarse la impunidad, los ediles entienden que no hay poder legal suficiente que les ate de manos.

Se tienen leyes que parecieran ejemplares para sancionar a los servidores públicos, pero lamentablemente dichas leyes poco se aplican. La falta de voluntad política del gobierno estatal en turno para no tocar los expedientes, es y ha sido una realidad tangible y cruda en detrimento de la procuración de justicia.

Se busca (un auténtico) presidente para la CEGAIP

Por Juan Antonio González

Este lunes inició el registro de aspirantes al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. La institución garante del Derecho de Acceso a la Información Pública va por su quinto presidente.

Dicen que no hay quinto malo, pero en este caso ese supuesto hay que atenderlo con las  reservas del caso, pues bien visto, de ninguno de sus comisionados se puede afirmar que ha dado el ancho.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial del Estado en su edición del pasado 15 de abril, el cierre de inscripciones será el 30 de mayo.

Como se precisa en la convocatoria, el actual comisionado presidente, Alejandro Alfonso Serment Gómez, concluye su período el día 30 de junio. Quien resulte electo o electa, estará al frente de la CEGAIP del primero de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2018.

El método de elección para este caso no es ninguna novedad y se basa primordialmente en las características de elegibilidad señaladas en el artículo 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Los aspirantes inscritos tendrán oportunidad de presentar su proyecto de trabajo, mismo que expondrán ante los diputados quienes podrán cuestionarles, además de que los legisladores podrán hacer uso a su derecho de réplica.

No hay mucho por desvelar del procedimiento legal que seguirán primero, los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y de Transparencia y después el pleno cuando llegue el momento de votar de acuerdo con el dictamen que presenten las primeras.

De donde habrá que poner mucha atención es las maniobras políticas que subyacen detrás de este tipo de elecciones de los organismos autónomos descentralizados. La acción política de los partidos y los diputados de acuerdo con sus intereses, algunas veces coyunturales, son a menudo los que más pesan a la hora de elegir.

Quizá la primer arista de reflexión en ese sentido, es que se estará designando al presidente de la CEGAIP en un momento marcado por la sucesión gubernamental, es decir, es muy probable que al gobernador Fernando Toranzo le interese mucho incidir en manos de quién quedará la Comisión para cuando él ya no sea gobernador.

Se dice en los pasillos de palacio de gobierno que la elección del presidente de la CEGAIP no es algo que les ocupe ni les preocupe, lo cual puede ser una verdad absoluta, pues a la administración de Toranzo hay mil cosas que pasan en la entidad y no le importan.

Pero como se trata de una institución estratégica en términos de saber qué hace y/o dejan de hacer las autoridades, seguramente al gobernador sí le interesará que tras dejar el cargo, haya quien le proteja de las molestas preguntas que hacen los ciudadanos acerca de sus gobiernos y gobernantes.

Pensar que al mandatario y a sus más cercanos no les interesa la sucesión en la CEGAIP es una ingenuidad. Es seguro que meterá no solo las narices sino las manos para cargar el fiel de la balanza en alguien, por ejemplo, que pueda ser de un perfil tan bajo como el de Serment.

Al gobernador e incluso a los diputados, les conviene más un comisionado timorato y gris, que uno genuinamente interesado en la transparencia, les conviene más tener un nuevo comisionado igual de anodino y sin iniciativa como Serment que uno que sea impulsor activo del Derecho de Acceso a la Información Pública.

A la clase política potosina le conviene más un comisionado del perfil de Serment, es decir, improvisado, que uno de bien preparado y con trayectoria en ese sector de la transparencia que sigue siendo tan manoseado como vituperado y manipulado por los agentes de poder.

No se sabe cuántos y cuántas se vayan a registrar, mucho menos podemos presumir que les mueve a inscribirse, pero lo peor que puede ocurrir es que, como hasta ahora ha sido, terminen por registrarse los enviados y patrocinados por el poder público.

El mandato de Alfonso Serment ha sido para el olvido y tiene a la Comisión en los últimos lugares de los organismos garantes a nivel nacional. Con él, la Comisión se ha estancado a partir de una parálisis inducida por su nula visión como representante de la ciudadanía para hacer valer sus derechos constitucionales.

Con Serment en la Comisión, la institución ha perdido confianza y credibilidad, su fama creció a partir de su ominosa complicidad con el Estado frente a asuntos controversiales de ocultamiento de la información. Con él, se perdieron cuatro años. La sociedad ignora qué es y qué hace la Comisión, pues el presupuesto anual se gasta en salarios y comisiones y no en la difusión de la cultura de la transparencia que para muchos sigue siendo tan desconocida como cuando él se hizo cargo de la CEGAIP.

Los diputados de los cuales nos hemos acostumbrado a fuerzas de escándalos a desconfiar, tienen una tarea sencilla: elegir a alguien que en su perfil y trayectoria desde ya resulte mejor a Serment. Entre quienes se inscriban deberá haber varios mejor que él, pues no se puede ser peor que un burócrata que solo aspira a cobrar su quincena sin molestar a nadie.

Sin embargo, la elección puede ser muy compleja para los diputados, pero solo si se comprometen a elegir al mejor o a la mejor, no al que señale el dedo del gobernador, del secretario General de Gobierno o el líder de tal o cual bancada.

Es cierto que pocas veces los diputados han dado señales de un actuar honesto, transparente y claro de frente a la sociedad, pero siempre hay una primera vez. Esperemos que esta elección de presidente de la CEGAIP sea esa oportunidad y que esta vez se vote con independencia, libertad y con conocimiento e información.

Si se cae de nuevo en la tentación de elegir a un encubridor y no a un garante real del Derecho de Acceso a la Información y la Transparencia, seguiremos en un San Luis bajo el yugo de la cultura del secretismo, el oscurantismo y la opacidad.

Es que somos muy pobres, ahí te dejo 16 millones de pesos para que les pagues a los de la CEGAIP

Por Juan Antonio González

Hay entre los políticos y servidores públicos ciertos rasgos que los convierten en seres miserables y mezquinos. Adoran la farsa y tienen en el engaño contumaz una de sus principales características. Han hecho de la simulación todo un arte del escapismo respecto de sus responsabilidad y obligaciones legales, para lo cual, han construido una narrativa de lamentos sustentada en frases trilladas y huecas.

“Nunca habrá recursos suficientes para combatir la pobreza”, es por ejemplo uno de los dichos que durante décadas se ha pretendido propalar como una verdad absoluta.

“Desafortunadamente, no contamos con recursos públicos suficientes, solo alcanza para la nómina”, suelen justificar los alcaldes.

“No hay recursos, recibimos una administración endeudada y sin capacidad de maniobra, no hay para obra pública”, ha dicho hasta el cansancio el alcalde capitalino.

Y el gobernador Fernando Toranzo desde el inicio de su gestión en 2009 no ha parado de decir entodas las oportunidades posibles que es un gobierno sin dinero.

Para que funcione bien una institución pública, de acuerdo con la lógica de las autoridades, debe haber dinero, mucho dinero en las arcas públicas, solo así funcionan las cosas.

Recuerdo que hace más de una década, en el gobierno de Vicente Fox, en una visita que tuvo a San Luis la entonces secretaria de Desarrollo Social, Xóchitl Gálvez confesó que la pobreza nunca se eliminaría porque el gobierno de la república no tiene recursos para lograrlo.

Cuando mucho, dijo en aquel momento, en treinta años se podrá tener una disminución real de la cifra de pobres, pero siempre y cuando se destine un presupuesto consistente año con año.

Y así tenemos que el gobierno no tiene recursos para prácticamente nada sino para satisfacerse así mismo.

Tal es el caso de Marcelo de los Santos quien acuñó la frase de que se gastará lo que se tenga que gastar, siempre y cuando lo que se gastase dejara constancia de que él era el mejor.

Es así que la cultura del lamento por la ausencia de recursos materialmente se ha convertido en la única política pública en curso. No tenemos mejores policías porque no hay para ofrecerles un mejor salario para que no caigan en la tentación de aliarse con los delincuentes.

No tenemos recursos  para dotar de servicios básicos a la totalidad de las escuelas, no tenemos recursos para construir caminos, no tenemos recursos para  incentivar a las empresas para que se instalen en San Luis. Es que piden demasiado, se quejó el gobernador ante la huida de las armadoras de vehículos a otros estados.

Total que nunca hay dinero, solo para lo elemental: para los salarios, para los viáticos, para las gigantescas prestaciones de la burocracia. Para eso si hay y si no hay, lo conseguimos.

Valga lo anterior para situarnos en las desafortunadas declaraciones de Alfonso Serment, quien vive sus últimos días del presupuesto público de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información.

Nos tachan de malospor ser pobres, dijo en referencia a las críticas a raíz de evaluaciones que dejan a la vista la pobrísima actuación de esa institución, catalogada entre las peores del país.

Bien visto, lo único que hizo Serment fue repetir lo que el gobernador, el alcalde, los magistrados y tal han dicho en los últimos años: no tenemos presupuesto.

Para el gobernador Toranzo tener más de 34 mil millones de pesos es como no tener nada, y para Mario García contar con más de dos mil millones es también poco menos que nada; con ese pensamiento tan mezquino, Serment no tiene entonces reparo alguno para quejarse que más de 16 millones de pesos no alcanzan para nada.

En el San Luis Potosí del gobierno pobre que más bien parece un pobre gobierno, solo hay lugar para mentalidades enanas, como la del presidente comisionado de Transparencia, cuya pobreza se encuentra solamente en su gruesa cachaza de burócrata acostumbrado no a trabajar, sino a cobrar.

La urgencia de vigilar al gobierno

Por Juan Antonio González

Seguramente cuando se trata de definir a los mexicanos siempre se tiene en cuenta eso de que somos muy entrometidos, que nos gusta meter las narices donde menos se piensa, que gustamos de meternos en los asuntos de los demás y que por lo general nos encanta saber todo lo relacionado con el prójimo.

No te metas donde no te importa o déjate de cosas que tu no tienes vela en el entierro, se dice a los que llevan al extremo ese afán de vigilar la vida de los demás.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Sobre el Derecho de Acceso a la Información PúblicaGubernamental 2013 (EDAI) elaborada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y por el Instituto Nacional de Geografía Estadística Informática, todo hace indicar que nos place más saber que hace la vecina que lo que hace la autoridad.

Los resultados de esa Encuesta los ha publicado el IFAI en  su portal electrónico y hay hallazgos tan interesantes como desalentadores, como el hecho de que de cada cien mexicanos, solamente seis han presentado solicitudes de información a las instituciones públicas. 

A once años de que entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esa estadística refleja un desconocimiento descomunal de la población respecto de qué y como preguntar algo a sus autoridades.

Es decir, nos interesa lo que hace la autoridad pero no nos atrevemos a preguntar, en buena medida, porque desconocemos que podemos hacerlo.

El 84 por ciento de las 2 mil 805 personas encuestadas, con representatividad sobre 35 millones de personas, dice estar interesada en lo que hacen las autoridades e instituciones de gobierno que son sujetos obligados de la Ley de Transparencia, pero el 69 por ciento desconoce los medios para hacerlo y el 80 por ciento no tiene idea alguna del procedimiento a seguir.

El 60 por ciento de la población ha escuchado hablar del IFAI pero solo el 25 por ciento sabe de la existencia de los órganos garantes en su respectiva entidad federativa, lo cual resulta ser abrumador.

Parece inexplicable que los ciudadanos en ocasiones opinemos de todo, que hagamos juicios de todo, que a la primera de cambio califiquemos a un gobernante ya sea de corrupto, ineficiente o hasta flojo y que para haber llegado a cualquiera de esas conclusiones no nos preocupemos por hacernos de la información necesaria para respaldar nuestros dichos.

Pese a que tenemos al alcance la posibilidad de preguntar y recibir información oficial no lo hacemos. El Acceso a la Información Pública es un derecho constitucional y no lo ejercemos.

Es como si nos agradara vivir en la ignorancia total respecto de lo que hacen nuestros gobernantes a los que criticamos pero no les preguntamos, no les cuestionamos ni les exigimos cuentas.

El hecho de que solamente menos de seis de cada cien mexicanos hayan preguntado algo al gobierno nos dice que somos un pueblo incapaz de ejercer sus derechos a plenitud. Once años para darnos cuenta de un Derecho que nos asiste es demasiado tiempo para no hacer nada.

Lo más notable es que se supone que somos una sociedad que no se deja, que es respondona, que es liberal y demandante, pero pareciera que es solamente un mito.

En la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se imparte la asignatura de Escenarios de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En enero pasado en el primer día de clases, ninguno de los alumnos inscritos al curso sabía de la existencia de la Transparencia o del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Iniciar a hablar de ese tema es como caminar en un cuarto a oscuras porque el desconocimiento es aplastante.

Luego de que los jóvenes universitarios se inician en el asunto se asombran de todo lo que pueden saber pues han entendido que ese Derecho es el equivalente a un instrumento de conocimiento.

Los datos de la Encuesta deberían ser tomados con toda la seriedad del caso no solo por los órganos garantes, sino también por las instancias de gobierno y la sociedad. La evolución de la transparencia es responsabilidad de todos, puesto que con ello se puede lograr una mejor democracia.

Por eso,  si en realidad somos unos metiches, empecemos a entrometernos en la vida del gobierno, en sus andares y trasnochadas, en sus relaciones sospechosas y oscuras, en sus gastos y excesos, en sus promesas y sus respuestas.

De nada sirve decir que nos interesa saber qué hace el gobierno si no se da el paso siguiente que es el de preguntar para luego evaluar.

El alcalde García como el pez que por su propia boca muere

Por Juan Antonio González

No debe ser nada sencillo suscribir declaraciones o respaldar posturas de otros, si en lo personal se actúa en contrario. Harto difícil ha de ser  para muchos, pero para el presidente municipal de la capital, Mario García Valdez no solo no es complicado sino más bien es algo que se le da de modo natural.

Este primero de abril, la oficina de prensa del ayuntamiento distribuyó para su publicación un boletín de prensa de la Federación Nacional de Municipios de México, organismo que agrupa a los alcaldes priístas del país.

Se aborda un tema que conoce muy bien el edil capitalino: el impuesto predial.

En ese sentido, los presidentes municipales al dolerse de que los ayuntamientos no tienen recursos suficientes, enfrentan el problema de excepciones en el pago de ese impuesto en todo el país. Ponen como ejemplo el caso de los aeropuertos que están exentos del pago así como de otros inmuebles del gobierno federal distribuidos en todo el país.

Dan cuenta de la precariedad de las haciendas municipales y proponen eliminar las excepciones en el pago del predial. Es decir, proponen que todos paguen.

De acuerdo con ese comunicado de prensa, Mario García como alcalde de San Luis Potosí se adhiere a la demanda de eliminar todo tipo de excepción.

Sin embargo, en los hechos ocurre en otra cosa. Como hasta hace unas semanas se documentó en Proyecto Tábano, el gobierno municipal no ejerce su potestad legal para cobrar el impuesto a deudores morosos.

Según información obtenida por un solicitante a través de INFOMEX, se supo que en la capital más de 80 mil contribuyentes no pagaban el predial. Esto de acuerdo con el reporte al 31 de enero de 2014.

El adeudo global por mil 663 millones de pesos se aproxima a los mil 755 millones de pesos que 117 administraciones portuarias han dejado de pagar a municipios de toda la nación.

De ese tamaño es lo que el ayuntamiento, por voluntad propia ha dejado de percibir, hasta donde se sabe, no se ha implementado ningún programa institucional para recuperar esos recursos.

Por eso resulta inexplicable que Mario García se haya sumado a la alcaldesa de León y presidenta de esa Federación de Municipios, Bárbara Botello a que se termine con todo tipo de privilegios en cuanto al pago del predial.

El alcalde potosino tiene en su poder la enorme lista de miles y miles de particulares y de empresas del sector privado que adeudan desde hace años el predial y no les cobra nada.

O sea, lo que el alcalde quiere es terminar con los privilegios de unos y mantener inamovibles los de otros.

Mejor sería que el presidente municipal deje de ser permisivo con los morosos o bien, que en reuniones nacionales de alcaldes como esa de la que da cuenta el comunicado, el edil se sincere y diga la verdad: En San Luis yo no cobro el predial, que los contribuyentes paguen según su buena voluntad.

Tratar de presumir que se adhiere a iniciativas que parecen ser de avanzada, lo dejan tan mal parado que no queda de otra más que recordar aquella especie de que el pez por su boca muere.

El ayuntamiento espera recaudar este año poco más de 236 millones de pesos de un monto de mil 663 millones de pesos, lo cual deja ver que el presidente municipal está muy satisfecho con una hacienda municipal pobre, así la quiere porque tal vez políticamente así convenga mejor a sus intereses.

A comparecer ante los diputados el presidente de la CEGAIP

Por Juan Antonio González

Los diputados darán entrada a una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, con el propósito de que el comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, comparezca ante el legislativo con ocasión del informe anual de actividades de esa institución.

Recientemente se aprobó una iniciativa similar, pero dirigida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Este espacio considera que es un ejemplo más de algo semejante al precepto de que los legisladores ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el ojo propio.

La iniciativa es deldiputado del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Escobar Martínez, quien a su vez es presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo.

Lo que aparenta ser un avance en el objetivo de lograr mayor efectividad en la rendición de cuentas, al final no deja de ser un mero cambio a una norma legal más con ánimos de trascendencia personal que con fines genuinos en favor de la transparencia.

Para asombrarse sería que se modifique la Ley y la Constitución para obligar al gobernador del estado a comparecer ante el Congreso a que responda dudas y criticas de los diputados respecto de su informe anual de gobierno.

Seguramente eso no lo harán que para eso están las infumables comparecencias de los colaboradores del gobernador, las cuales no son más que un artificio de lo que representa en realidad la rendición de cuentas.

Con la iniciativa del diputado Escobar, el artículo 83 de la Ley de Transparencia pasaría a quedar como sigue:

“La CEGAIP, a través de su Comisionado Presidente, presentará en el mes de octubre un informe anual por escrito de las actividades de la Comisión, mismo que entregará a los Poderes del Estado y comparecerá ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo dentro de los 30 días siguientes a su presentación para exponer el informe en el Congreso del Estado y recibir de los legisladores presentes opiniones, preguntas, y sugerencias respecto de los resultados de su desempeño. El ejercicio será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad”.

Es decir, la misma medicina aplicada a la CEDH.

En la exposición de motivos, el legislador se vale de los conceptos vertidos por especialistas en la materia y concluye que a mayor publicidad de la información pública, menos espacios hay para la opacidad y la discrecionalidad.

De eso no hay ninguna duda, el problema es que los diputados no prediquen con el ejemplo y ellos si, se mantengan en la cultura del secretismo o del acceso a la información selectiva, sesgada e incompleta.

“Mientras más publicidad y más mecanismos institucionales de intercambio y retroalimentación de información pública tengamos mejor funcionarán nuestras entidades públicas”, precisa Escobar en su iniciativa, quien de estar realmente convencido de ello, debería empezar ya por redactar la iniciativa para hacer comparecer al gobernador.

También haría bien el legislador en velar porque en el Congreso del Estado se respete el Derecho de Acceso a la Información Pública, y debería estar atento a las severas deficiencias que tiene el sitio web del legislativo en donde no se cumple cabalmente la publicación de información de oficio.

“Desde mi punto de vista, creo que la rendición de cuentas debe incluir a los propios organismos constitucionales autónomos que velan porque prevalezca este valor democrático. Así, el trabajo que éstos realizan puede y debe ser conocido y reconocido por un mayor número de ciudadanos y lo más importante, puede ser susceptible de observaciones, consideraciones y comentarios que sin duda pueden impactar para corregir lo erróneo o para afianzar lo que demuestra obtener buenos resultados”, dice Escobar a quien solo le falta poner la muestra con el ejemplo.

Dentro de todo, ojala y la reforma sirva al menos para que los comisionados despierten de su marasmo, dejen la modorra y se pongan a trabajar. Desde ya deben estar preocupados pues hacen tan poco que deberá ser muy fastidioso que se les pregunte acerca de ello.

Claro, comparecerán ante diputados tan ineficientes como ellos, así que quizá hasta les guste el ejercicio y lo festinen como un acto republicano de rendición de cuentas. No lo dude, así son.

Feliz Cumpleaños Miss Transparencia

Por Juan Antonio González

El 20 de marzo de 2003 al publicarse la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se inició el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública por parte de los potosinos.

Once años de contar con un derecho que desafortunadamente no es ejercido con la frecuencia que se desearía.

Once años han sido insuficientes para acendrar la cultura de la transparencia en las autoridades que pese al paso de los años, continúan mostrándose renuentes al tema.

Once años han sido poca cosa para que los ciudadanos tomen conciencia de que les asiste el derecho a conocer la información que obra en poder de las instituciones públicas.

Once años de una Ley manoseada por diputados de distintas legislaturas que en el trayecto la han reformado en innumerables ocasiones.

Once años de una Ley fundamental que sigue siendo materia desconocida para la mayor parte de la población.

En once años, muchos servidores públicos de todos los partidos políticos y filiaciones ideológicas se han burlado de la Ley, la han pisoteado y la han burlado mediante chicanadas legales para evitar su cumplimiento.

En once años, los gobernadores, presidentes municipales, legisladores, magistrados y toda serie de figuras públicas han utilizado la bandera de la transparencia con claros fines políticos. Se han proclamado adalides de la transparencia y respetuosos del Derecho de Acceso a la Información Pública, pero en los hechos han dado constancia de lo contrario.

El Mío, es un gobierno transparente, abierto al escrutinio público, sensible a las demandas de información han dicho en su momento Fernando Toranzo y antes que él, Marcelo de los Santos, a quienes ahora, se les puede reconocer sin tapujos como gobernadores opacos tentados más por el afán de ocultar que el de publicitar.

No ha habido legislador que los últimos once años que no presuman ser los más transparentes de la patria, que no hay quien se les compare. Es más, que son más transparentes de lo que la Ley les obliga.

En once años hemos atendido muchas de esas vaciladas.

Después de todo, son once años y vale la pena celebrarlo. Proyecto Tábano lo festeja porque sin la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública no existiríamos. Somos solo unos ciudadanos que ejercemos el oficio de periodistas y nos encanta el tema, a algunos (a los entes obligados) no les gusta, pero ni hablar.

Desde este modesto espacio, celebro la efeméride porque la fecha va mucho más allá de eso: desde hace once años nos hemos asombrado con documentos, datos e informaciones que han exhibido los excesos, corrupción, caprichos, vanidades, omisiones, complicidades, yerros y hasta la ignorancia de muchos servidores públicos.

Bienvenido el Derecho de Acceso a la Información Pública porque de ejercerlo se han construido muchas historias, noticias y reportajes y ha permitido el análisis y el debate acerca del ejercicio del poder público.

Once años de saber más que antes, diez años de ser menos ignorantes, de contar con mayor fortaleza para no ser objeto de engaño ni de manipulación; once años de contar con un instrumento legal que nos permite contribuir a construir una ciudadanía mejor informada y más consciente de sus derechos.

No se si esté bien decirlo porque tal vez pueda resultar injusto, pero quizá son once años en que la Transparencia y El Derecho de Acceso a la Información Pública se han desarrollado, aunque incipientemente, aun en contra del pobre trabajo de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

Se ha caminado cuesta arriba pese a ese órgano garante que está próximo a cumplir diez años, se la ha pasado en la frivolidad del escándalo, rehenes de intereses políticos, víctimas de su propia ineficiencia e improvisación.

Los comisionados nunca han sentado en la agenda pública de la información a la institución y su obligación de difundir el Derecho a la Información, sino que se han valido de ello para posicionarse en lo personal. Se les reconoce más por sus fallas que por sus aciertos, por su improductividad que por su desempeño.

Pese a ellos, la Ley ha cumplido once años y seguramente seguirá hacia adelante pese a la burocracia de la transparencia y sobre todo, pese a la al parecer inquebrantable falta de voluntad de los servidores públicos de cumplir y respetar la Ley.

Diputados opacos quieren transparencia y rendición de cuentas... pero en la CEDH

Por Juan Antonio González

Los diputados locales como el dicho aquel de hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, han aprobado en comisiones una iniciativa para que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comparezca ante el legislativo luego de que este rinda su informe anual. Que comparezca y responda preguntas de los diputados.

Bien se sabe que los diputados gustan de pretender ser muy acuciosos respecto del actuar de otros sin reparar en lo que hacen ellos.

En la información pública de oficio que el portal electrónico del Congreso debe publicitar sin reparo ni tardanza, está el de los gastos que se realizan. El ejercicio del presupuesto es básico y los ciudadanos deberían estar informados de modo puntual acerca de ello.

Al revisar los movimientos de egresos e ingresos del poder legislativo, se puede encontrar que la publicación de los cheques emitidos data del siete de febrero, fecha que corresponde a su última actualización.

Es decir, han pasado 39 días sin que los diputados reporten el ejercicio diario de su presupuesto. Eso es opacidad, cultura del secreto, cultural de la discrecionalidad y de la negligencia.

Tal dato, que pareciera simplista pero no lo es, refleja la falta de voluntad de unos de los tres poderes del estado para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por eso, resulta  inexplicable que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos le apliquen un criterio que ellos lo utilizan con la normalidad democrática que de ellos se debería de esperar.

Este jueves, en sesión ordinaria, el pleno votará un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género para hacer modificaciones y adiciones a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A propuesta del diputado Rubén Guajardo Barrera se incluirá en el artículo 33 de la Ley de la CEDH, lo siguiente:

“Rendir, ante el, Honorable Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género en reunión pública de comisión, un informe por escrito y en forma personal, dentro de los primeros dos meses del año, el cual será remitido a los tres poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos y, difundido a la población en general.

“El informe deberá contener como mínimo lo siguiente: indicadores acerca de la situación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo un reporte sobre los patrones que encuentre; y un diagnóstico sobre violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que haya encontrado. En todo tiempo la Comisión garantizara la difusión del informe”.

En su exposición de motivos se alude que:

La presente iniciativa, especifica  que el informe al que alude el artículo citado deberá presentarse por escrito, y establece al Presidente de la Comisión la obligación de comparecer para exponerlo de viva voz ante la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género así como ante los legisladores que tengan a bien asistir al ejercicio, y recibir de éstos, los comentarios, sugerencias, preguntas, y cualquier otra manifestación que abone a mejorar el desempeño y las líneas de trabajo del organismo garante de los derechos humanos.

 Esta práctica es viable y positiva, dado que ya ocurre con buenos resultados a nivel federal, en conformidad con lo dispuesto en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se consagra que “el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. (Y que) Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

 Al institucionalizar este intercambio republicano, el Poder Legislativo, el Ombudsman y la ciudadanía potosina ganarán mucho en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero también en lo tocante a la gestión organizacional y la divulgación del trabajo del organismo.”

Como se podrá ver, a los diputados les mueve el hecho de que se abunde en la transparencia y rendición de cuentas por parte del Ombudsman, lo cual, vale la pena insistir, es algo que los diputados distan mucho de cumplir, pero bueno, de ellos no se podría esperar otra cosa.

Un millón 36 mil 761 solicitudes de información... y contando

Antonio González Vázquez

Tal vez no sea nada para lanzar las campanas al vuelo o quizá sea tan solo un apunte estadístico, pero bien visto, la cultura de la transparencia ha venido ganando terreno para empezar a consolidarse en México. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública acaba de reportar que de 2003 a febrero de 2014, los mexicanos han realizado un millón  036 mil 761 solicitudes de información.

En un país donde las tasas de crecimiento de factores positivos se incrementan a cuenta gotas, el que en materia de ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública el crecimiento anual sea del 15.1 por ciento, sin duda resulta alentador.

Se trata de un crecimiento asombroso si se le compara por ejemplo con el pronóstico de crecimiento de la economía nacional que para este año es de apenas 2.5 por ciento.

Que los ciudadanos pidan información porque están concientes de su derecho a saber es algo que debe valorarse, aunque ese derecho lleve ya más de diez años de vigencia. 

Que los ciudadanos pregunten con más frecuencia e interés a sus autoridades, se ilustra con el hecho de que en 2003 se hicieron 24 mil 97 peticiones de información, en tanto que en el primer bimestre de 2014 ya sumaron 23 mil 289.

No ha sido sencillo socializar el Derecho de Acceso a la Información Pública, ha habido limitantes extraordinarias para que las instituciones públicas colaboren en programas de divulgación y difusión de ese derecho, mientras que los órganos garantes en las entidades federativas en muchos casos no han hecho su labor como corresponde.

Con el paso de los años, la cultura de la transparencia y del acceso a la información pública, ha venido ganando cierto espacio en los medios de comunicación, en las redes sociales y en muchos casos es tema central de medios especializados en la materia.

Ahora es posible encontrar en la prensa, por ejemplo, grandes reportajes o noticias inéditas que tienen origen en datos obtenidos por la vía del derecho de acceso a la información pública. Ahí se ha avanzado porque los periodistas y medios, aunque aun en número reducido, han entendido del enorme valor de la utilidad de esa herramienta legal.

Un millón 036 mil 761 solicitudes de información en una década en un país de 120 millones de personas puede parecer muy poco, pero en estos momentos en vez de detenernos en esa arista, más bien da la oportunidad de dar pasos en favor de un mayor y más efectivo impulso a la difusión de ese derecho a saber.

El reporte del IFAI publicado el pasado diez de marzo, señala que la institución ha recibido 54 mil 127 recursos de revisión promovidos por ciudadanos que no se sintieron satisfechos con las respuestas recibidas por parte de los entes públicos.

También, aunque pueda parecer una cifra menor, es gratificante que el ciudadano, sabedor de su derecho constitucional a ser informado, ya haya dado el paso siguiente y no se quede cruzado de brazos ante respuestas insuficientes o negativas totales de las autoridades.

Lo importante es que los ciudadanos digieran debidamente el hecho de que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Fundamental, una Garantía Constitucional.

Un ciudadano bien informado tiene más poder que uno desinformado o de plano ignorante de sus derechos y de lo que hacen sus autoridades, por eso, es reconfortante ver que aunque a paso lento, el Derecho de Acceso a la Información Pública siga avanzando hacia adelante.

Sería deseable que así como la sociedad pregunta más, los servidores públicos en las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, los servidores públicos de los poderes legislativo y judicial, así como de los organismos autónomos descentralizados muestren una voluntad de mayor apertura y dejen atrás la cultura del secreto y del manejo unipersonal y discrecional de la in formación que al ser pública, es de todos.

Con las reformas recientes en materia de transparencia y acceso a la información pública, en el país es posible hacer solicitudes de información a los sindicatos, a los fideicomisos y tal. Ojala y la tendencia se mantenga y a que los nuevos entes obligados, se les pregunte y se les pregunte, incluso hasta el cansancio. Es un derecho y hay que ejercerlo.