Papi consígueme salario en la CEGAIP

Por Juan Antonio González

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) una vez más ha sido víctima de los mezquinos intereses del poder público. El desprecio que por esa institución tiene el gobernador Fernando Toranzo, se explica con la designación de una amiga de familia como nueva integrante de la Comisión.

El único mérito de Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo es ser hija del doctor Roberto Ávalos Carbajal, eterno compañero del también doctor Fernando Toranzo  Fernández en la burocracia del sector salud.

24 horas antes de que el pleno del Congreso del Estado abordara el tema de la elección del nuevo comisionado de transparencia, es decir, el miércoles 25 de junio, en su oficina de palacio de gobierno, el Secretario General, Cándido Ochoa Rojas recibió a un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional.

Rosa María Huerta y Juan Manuel Segovia se presentaron ante el secretario General para saber si para el caso de las CEGAIP había algún favor, encargo, sugerencia u orden que seguir.

Efectivamente, les respondió sin cortapisas el secretario de gobierno quien sin mayor preámbulo les pidió que Elizabeth Ávalos Cedillo fuera considerada como la propuesta del señor gobernador y de la doctora Ramos. Es decir, que tanto el gobernador como la doctora juzgarían sin temor a equivocarse que la licenciada Ávalos es el mejor perfil, la mejor preparada.

A la sesión del Congreso, la elección “ya llegó planchada” en favor de la hija del doctor que es amigo del gobernador y así sucedió, los diputados de Toranzo con la ayuda de algunos panistas, le dieron los dieciocho votos que necesitaba para ser electa.

Esta forma tan indecorosa, indecente y vergonzosa es lo que se diría de manera purista: la técnica legislativa.

Los diputados de la mayoría compuesta por el PRI y PVEM, apoyados por el PANAL actúan de acuerdo con los hilos que los mueven desde palacio de gobierno. No pueden decir no cuando el gobernador chista, cuando el gobernador ordena, cuando el gobernador levanta la mano y golpea la mesa, cuando el gobernador estira la mano y ante una hoja con un listado de nombres señala con el dedo y ordena, ésta.

La elección del sucesor de Alfonso Serment Gómez era una oportunidad para empezar a limpiar a la CEGAIP de los intereses políticos que desde hace años la tienen secuestrada y maniatada.

Cabía la esperanza de que por primera vez, el ejecutivo en turno no incidiera en la elección, que no metiera las manos y que no nombrara a un preferido o preferida para otorgar el cargo como si fuera cualquier cosa.

Serment ha llevado a la CEGAIP a los sótanos más oscuros de la mediocridad y sus comisionados compañeros han estado de acuerdo en ello. Están formados de la misma savia, de los mismos lodos. Llegaron al cargo a base de amiguismos y compadrazgos políticos. No por su capacidad, por eso, la CEGAIP es la última en el país en la defensa genuina del derecho de acceso a la información pública.

A los comisionados los acompaña quizá la peor de la burocracia potosina y con ello han patentado su mediocridad.

Por eso, se esperaba que el Congreso llevara a cabo una elección ejemplar, democrática, transparente y sobre todo honesta.

Fue más de lo mismo. La clásica reunión de los diputados de mayoría con el representante del gobernador y ya está.

Hacerlo de ese modo es no solo una ofensa para la sociedad que necesita de un órgano garante realmente independiente del poder ejecutivo, sino que también es el colmo del descaro.

No puede presumirse de que San Luis Potosí es un estado democrático cuando el poder legislativo está supeditado a las órdenes del gobernador, pero más aún, el gobernador no puede favorecer a nadie por el simple hecho de ser amigos de la familia.

Lo que viene seguramente para esa Comisión es el mismo  trayecto  frustrante de comisionados comprometidos con políticos y no con los ciudadanos. Llegar al cargo gracias a las relaciones del papá, no es nada digno para las comisionadas Ávalos y Camacho.

Es por eso que prácticamente nadie cree ni confía en la CEGAIP, institución a la que el poder público está empeñado en acabar.

Cuentas Públicas Municipales y su secuela de Impunidad

Por Juan Antonio González

La más reciente edición  de la trama que bien podría titularse La Triste Historia de los Ayuntamientos Pobres y sus Desalmados Presidentes Municipales, es todo un drama plagado de villanos, algunos de aspecto torvo y oscuro, y otros, que como los delincuentes de cuello blanco reflejan éxito, seguridad y popularidad, pero en el fondo se guían por una desenfrenada ambición.

Complicidades, Encubrimientos, Avaricia, Egolatría, Excesos, Traiciones, Compadrazgos, Amiguismos, Influyentismo, Corrupción, Dolo e Impunidad son apenas algunos de los rasgos de la villanía de los alcaldes.

Nos referimos al Informe Final de Auditoría a las Cuentas Públicas Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2013 que dio a conocer la Auditoría Superior del estado.

Personajes centrales del drama anual en que se ha convertido la revisión de las Cuentas Públicas Municipales, los alcaldes continúan perfeccionando sus habilidades, capacidades y virtudes para hacer de las haciendas públicas, cartera personal de la que pueden gastar cómo se les antoje.

Cada año esa historia de perversidad y manipulación en el uso de los recursos públicos se repite y se perfecciona, como si los ediles tuvieran el reto de demostrarse a si mismos y a toda la sociedad, que son capaces de ser peores.

Mil 419 millones 932 mil 408 pesos es el monto de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado a los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí respecto de las Cuentas Públicas 2013. En 2012 fueron 995 millones de pesos.

Hay ejemplos notables por su ineptitud, como es el caso de Villa de Zaragoza, cuyo ejercicio de los recursos públicos fue  observado en 61 por ciento. Es decir, solamente 39 centavos de cada peso los aplicó correctamente.

Ayuntamientos de pacotilla.

Al ayuntamiento de Tampacán le observaron el 53 por ciento de los recursos públicos ejercidos, o lo que es lo mismo, más de la mitad del dinero que recibieron lo usaron como les gusta hacerlo: obrando mal.

Municipios donde la marginación de la población y el rezago social es sobradamente elocuente, como San Antonio, Santa Catarina, Tamasopo, Huehuetlán.

Le siguen Huehuetlán con el 48 por ciento, Real de Catorce con el 47 por ciento y San Antonio con el 45 por ciento.

Ninguno de los 58 municipios salió limpio. Desde el más modesto hasta el más rico y encumbrado no fue capaz de utilizar los recursos públicos con probidad y apego a las leyes.

Verbigracia, el ayuntamiento de la capital sumó observaciones por 361 millones 290 mil pesos. El autodenominado ayuntamiento “transformador” resultó ser una copia más nefasta que la anterior administración que en 2012, había tenido observaciones por 234 millones 234 mil pesos.

En el otro extremo, hay algunos municipios a los que solo se les observó del uno al cinco por ciento de su presupuesto, lo cual si bien es meritorio, tampoco es nada para festinar, pues el simple hecho de hacer mal uso de un solo peso de las arcas públicas es ya un exceso.

Cuanta falta hace tener autoridades municipales eficientes y profesionales en lo administrativo para lograr que cada peso y cada centavo que pase por sus manos sea aplicado correctamente.

Cuanta falta hace tener autoridades municipales políticamente decentes y honestas para impedir que se tuerza la ley y, con ello, evitar caer en la tentación de la corrupción.

La ausencia de gobiernos municipales de calidad, ha provocado la creación de un círculo vicioso en el que la corrupción y la impunidad van de la mano. Los servidores públicos municipales saben que actuar al margen de la ley, aunque es un riesgo, no necesariamente es algo que les afecte, y en muchos casos es algo que ni siquiera les provoca temor

Hay algo de fracaso en los gobiernos municipales que pese a ser el órgano de autoridad más cercano a la ciudadanía, es paradójicamente la más abusiva contra el interés de la sociedad.

Al amparo de su autonomía constitucional, los ayuntamientos se manejan como quieren y se han convertido en ínsulas de poder público al servicio de partidos políticos, clanes, grupos y caciques de todo tipo.

Si bien existe una instancia fiscalizadora como la Auditoría Superior del Estado con facultades para sancionar y determinar el inicio de procedimientos judiciales ante las autoridades correspondientes, no ha sido suficiente para detener las ambiciones de los alcaldes y sus colaboradores.

Cuando los expedientes de los ayuntamientos llegan a la Procuraduría General de Justicia del Estado se mueren, pasa el tiempo y no ocurre nada y es entonces, cuando al concretarse la impunidad, los ediles entienden que no hay poder legal suficiente que les ate de manos.

Se tienen leyes que parecieran ejemplares para sancionar a los servidores públicos, pero lamentablemente dichas leyes poco se aplican. La falta de voluntad política del gobierno estatal en turno para no tocar los expedientes, es y ha sido una realidad tangible y cruda en detrimento de la procuración de justicia.