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miércoles, 9 de abril de 2014

La urgencia de vigilar al gobierno

Por Juan Antonio González

Seguramente cuando se trata de definir a los mexicanos siempre se tiene en cuenta eso de que somos muy entrometidos, que nos gusta meter las narices donde menos se piensa, que gustamos de meternos en los asuntos de los demás y que por lo general nos encanta saber todo lo relacionado con el prójimo.
No te metas donde no te importa o déjate de cosas que tu no tienes vela en el entierro, se dice a los que llevan al extremo ese afán de vigilar la vida de los demás.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Sobre el Derecho de Acceso a la Información PúblicaGubernamental 2013 (EDAI) elaborada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y por el Instituto Nacional de Geografía Estadística Informática, todo hace indicar que nos place más saber que hace la vecina que lo que hace la autoridad.
Los resultados de esa Encuesta los ha publicado el IFAI en  su portal electrónico y hay hallazgos tan interesantes como desalentadores, como el hecho de que de cada cien mexicanos, solamente seis han presentado solicitudes de información a las instituciones públicas. 
A once años de que entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esa estadística refleja un desconocimiento descomunal de la población respecto de qué y como preguntar algo a sus autoridades.
Es decir, nos interesa lo que hace la autoridad pero no nos atrevemos a preguntar, en buena medida, porque desconocemos que podemos hacerlo.
El 84 por ciento de las 2 mil 805 personas encuestadas, con representatividad sobre 35 millones de personas, dice estar interesada en lo que hacen las autoridades e instituciones de gobierno que son sujetos obligados de la Ley de Transparencia, pero el 69 por ciento desconoce los medios para hacerlo y el 80 por ciento no tiene idea alguna del procedimiento a seguir.
El 60 por ciento de la población ha escuchado hablar del IFAI pero solo el 25 por ciento sabe de la existencia de los órganos garantes en su respectiva entidad federativa, lo cual resulta ser abrumador.
Parece inexplicable que los ciudadanos en ocasiones opinemos de todo, que hagamos juicios de todo, que a la primera de cambio califiquemos a un gobernante ya sea de corrupto, ineficiente o hasta flojo y que para haber llegado a cualquiera de esas conclusiones no nos preocupemos por hacernos de la información necesaria para respaldar nuestros dichos.
Pese a que tenemos al alcance la posibilidad de preguntar y recibir información oficial no lo hacemos. El Acceso a la Información Pública es un derecho constitucional y no lo ejercemos.
Es como si nos agradara vivir en la ignorancia total respecto de lo que hacen nuestros gobernantes a los que criticamos pero no les preguntamos, no les cuestionamos ni les exigimos cuentas.
El hecho de que solamente menos de seis de cada cien mexicanos hayan preguntado algo al gobierno nos dice que somos un pueblo incapaz de ejercer sus derechos a plenitud. Once años para darnos cuenta de un Derecho que nos asiste es demasiado tiempo para no hacer nada.
Lo más notable es que se supone que somos una sociedad que no se deja, que es respondona, que es liberal y demandante, pero pareciera que es solamente un mito.
En la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se imparte la asignatura de Escenarios de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En enero pasado en el primer día de clases, ninguno de los alumnos inscritos al curso sabía de la existencia de la Transparencia o del Derecho de Acceso a la Información Pública.
Iniciar a hablar de ese tema es como caminar en un cuarto a oscuras porque el desconocimiento es aplastante.
Luego de que los jóvenes universitarios se inician en el asunto se asombran de todo lo que pueden saber pues han entendido que ese Derecho es el equivalente a un instrumento de conocimiento.
Los datos de la Encuesta deberían ser tomados con toda la seriedad del caso no solo por los órganos garantes, sino también por las instancias de gobierno y la sociedad. La evolución de la transparencia es responsabilidad de todos, puesto que con ello se puede lograr una mejor democracia.
Por eso,  si en realidad somos unos metiches, empecemos a entrometernos en la vida del gobierno, en sus andares y trasnochadas, en sus relaciones sospechosas y oscuras, en sus gastos y excesos, en sus promesas y sus respuestas.

De nada sirve decir que nos interesa saber qué hace el gobierno si no se da el paso siguiente que es el de preguntar para luego evaluar.

miércoles, 2 de abril de 2014

El alcalde García como el pez que por su propia boca muere

Por Juan Antonio González

No debe ser nada sencillo suscribir declaraciones o respaldar posturas de otros, si en lo personal se actúa en contrario. Harto difícil ha de ser  para muchos, pero para el presidente municipal de la capital, Mario García Valdez no solo no es complicado sino más bien es algo que se le da de modo natural.
Este primero de abril, la oficina de prensa del ayuntamiento distribuyó para su publicación un boletín de prensa de la Federación Nacional de Municipios de México, organismo que agrupa a los alcaldes priístas del país.
Se aborda un tema que conoce muy bien el edil capitalino: el impuesto predial.
En ese sentido, los presidentes municipales al dolerse de que los ayuntamientos no tienen recursos suficientes, enfrentan el problema de excepciones en el pago de ese impuesto en todo el país. Ponen como ejemplo el caso de los aeropuertos que están exentos del pago así como de otros inmuebles del gobierno federal distribuidos en todo el país.
Dan cuenta de la precariedad de las haciendas municipales y proponen eliminar las excepciones en el pago del predial. Es decir, proponen que todos paguen.
De acuerdo con ese comunicado de prensa, Mario García como alcalde de San Luis Potosí se adhiere a la demanda de eliminar todo tipo de excepción.
Sin embargo, en los hechos ocurre en otra cosa. Como hasta hace unas semanas se documentó en Proyecto Tábano, el gobierno municipal no ejerce su potestad legal para cobrar el impuesto a deudores morosos.
Según información obtenida por un solicitante a través de INFOMEX, se supo que en la capital más de 80 mil contribuyentes no pagaban el predial. Esto de acuerdo con el reporte al 31 de enero de 2014.
El adeudo global por mil 663 millones de pesos se aproxima a los mil 755 millones de pesos que 117 administraciones portuarias han dejado de pagar a municipios de toda la nación.
De ese tamaño es lo que el ayuntamiento, por voluntad propia ha dejado de percibir, hasta donde se sabe, no se ha implementado ningún programa institucional para recuperar esos recursos.
Por eso resulta inexplicable que Mario García se haya sumado a la alcaldesa de León y presidenta de esa Federación de Municipios, Bárbara Botello a que se termine con todo tipo de privilegios en cuanto al pago del predial.
El alcalde potosino tiene en su poder la enorme lista de miles y miles de particulares y de empresas del sector privado que adeudan desde hace años el predial y no les cobra nada.
O sea, lo que el alcalde quiere es terminar con los privilegios de unos y mantener inamovibles los de otros.
Mejor sería que el presidente municipal deje de ser permisivo con los morosos o bien, que en reuniones nacionales de alcaldes como esa de la que da cuenta el comunicado, el edil se sincere y diga la verdad: En San Luis yo no cobro el predial, que los contribuyentes paguen según su buena voluntad.
Tratar de presumir que se adhiere a iniciativas que parecen ser de avanzada, lo dejan tan mal parado que no queda de otra más que recordar aquella especie de que el pez por su boca muere.

El ayuntamiento espera recaudar este año poco más de 236 millones de pesos de un monto de mil 663 millones de pesos, lo cual deja ver que el presidente municipal está muy satisfecho con una hacienda municipal pobre, así la quiere porque tal vez políticamente así convenga mejor a sus intereses.