Quebradero

Cuentas Públicas Municipales y su secuela de Impunidad

Por Juan Antonio González

La más reciente edición  de la trama que bien podría titularse La Triste Historia de los Ayuntamientos Pobres y sus Desalmados Presidentes Municipales, es todo un drama plagado de villanos, algunos de aspecto torvo y oscuro, y otros, que como los delincuentes de cuello blanco reflejan éxito, seguridad y popularidad, pero en el fondo se guían por una desenfrenada ambición.

Complicidades, Encubrimientos, Avaricia, Egolatría, Excesos, Traiciones, Compadrazgos, Amiguismos, Influyentismo, Corrupción, Dolo e Impunidad son apenas algunos de los rasgos de la villanía de los alcaldes.

Nos referimos al Informe Final de Auditoría a las Cuentas Públicas Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2013 que dio a conocer la Auditoría Superior del estado.

Personajes centrales del drama anual en que se ha convertido la revisión de las Cuentas Públicas Municipales, los alcaldes continúan perfeccionando sus habilidades, capacidades y virtudes para hacer de las haciendas públicas, cartera personal de la que pueden gastar cómo se les antoje.

Cada año esa historia de perversidad y manipulación en el uso de los recursos públicos se repite y se perfecciona, como si los ediles tuvieran el reto de demostrarse a si mismos y a toda la sociedad, que son capaces de ser peores.

Mil 419 millones 932 mil 408 pesos es el monto de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado a los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí respecto de las Cuentas Públicas 2013. En 2012 fueron 995 millones de pesos.

Hay ejemplos notables por su ineptitud, como es el caso de Villa de Zaragoza, cuyo ejercicio de los recursos públicos fue  observado en 61 por ciento. Es decir, solamente 39 centavos de cada peso los aplicó correctamente.

Ayuntamientos de pacotilla.

Al ayuntamiento de Tampacán le observaron el 53 por ciento de los recursos públicos ejercidos, o lo que es lo mismo, más de la mitad del dinero que recibieron lo usaron como les gusta hacerlo: obrando mal.

Municipios donde la marginación de la población y el rezago social es sobradamente elocuente, como San Antonio, Santa Catarina, Tamasopo, Huehuetlán.

Le siguen Huehuetlán con el 48 por ciento, Real de Catorce con el 47 por ciento y San Antonio con el 45 por ciento.

Ninguno de los 58 municipios salió limpio. Desde el más modesto hasta el más rico y encumbrado no fue capaz de utilizar los recursos públicos con probidad y apego a las leyes.

Verbigracia, el ayuntamiento de la capital sumó observaciones por 361 millones 290 mil pesos. El autodenominado ayuntamiento “transformador” resultó ser una copia más nefasta que la anterior administración que en 2012, había tenido observaciones por 234 millones 234 mil pesos.

En el otro extremo, hay algunos municipios a los que solo se les observó del uno al cinco por ciento de su presupuesto, lo cual si bien es meritorio, tampoco es nada para festinar, pues el simple hecho de hacer mal uso de un solo peso de las arcas públicas es ya un exceso.

Cuanta falta hace tener autoridades municipales eficientes y profesionales en lo administrativo para lograr que cada peso y cada centavo que pase por sus manos sea aplicado correctamente.

Cuanta falta hace tener autoridades municipales políticamente decentes y honestas para impedir que se tuerza la ley y, con ello, evitar caer en la tentación de la corrupción.

La ausencia de gobiernos municipales de calidad, ha provocado la creación de un círculo vicioso en el que la corrupción y la impunidad van de la mano. Los servidores públicos municipales saben que actuar al margen de la ley, aunque es un riesgo, no necesariamente es algo que les afecte, y en muchos casos es algo que ni siquiera les provoca temor

Hay algo de fracaso en los gobiernos municipales que pese a ser el órgano de autoridad más cercano a la ciudadanía, es paradójicamente la más abusiva contra el interés de la sociedad.

Al amparo de su autonomía constitucional, los ayuntamientos se manejan como quieren y se han convertido en ínsulas de poder público al servicio de partidos políticos, clanes, grupos y caciques de todo tipo.

Si bien existe una instancia fiscalizadora como la Auditoría Superior del Estado con facultades para sancionar y determinar el inicio de procedimientos judiciales ante las autoridades correspondientes, no ha sido suficiente para detener las ambiciones de los alcaldes y sus colaboradores.

Cuando los expedientes de los ayuntamientos llegan a la Procuraduría General de Justicia del Estado se mueren, pasa el tiempo y no ocurre nada y es entonces, cuando al concretarse la impunidad, los ediles entienden que no hay poder legal suficiente que les ate de manos.

Se tienen leyes que parecieran ejemplares para sancionar a los servidores públicos, pero lamentablemente dichas leyes poco se aplican. La falta de voluntad política del gobierno estatal en turno para no tocar los expedientes, es y ha sido una realidad tangible y cruda en detrimento de la procuración de justicia.