La Auditoria Superior del Estado en manos de Cándido Ochoa
Por Juan Antonio González
El proceso de
renovación en la titularidad de la Auditoría Superior del Estado suponía como
el peor de los mundos posibles la reelección del auditor Héctor Vicente Mayorga
Delgado. En esa tónica, se entendería que cualquiera de los aspirantes electos
que no fuera Mayorga sería entonces una buena elección.
Es decir, la premisa
de todos contra Mayorga sin importar quien lo supla, en el buen sentido,
equivale a caer en el mismo círculo vicioso que al final llevó a elegir a José
de Jesús Martínez Loredo, que confesó, tiene amigos en el gobierno, entre ellos
al principal, al secretario General de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas.
Si se hace memoria de
lo ocurrido durante los últimos días previos a la designación de Martínez
Loredo, se recordará que todo el debate se centró en si era conveniente o no
que Mayorga fuera reelecto, pero se dejo de lado el perfil y la historia del
resto de los aspirantes.
Fue hasta unas horas
antes de que el Congreso del Estado votara para que a través de los medios se
difundiera información respecto del no tan claro pasado y presente de quien a
la postre sería electo auditor superior del estado.
Se reveló que en 2003,
el entonces Tesorero del Estado, era quien firmaba los cheques para pagar por
servicios profesionales externos brindados al gobierno de Fernando Silva Nieto,
por el abogado Cándido Ochoa Roja, actual secretario General de Gobierno y
quien impulsó la candidatura de Martínez Loredo a la Auditoría Superior del
Estado.
Se divulgó además que
en 2012, el Contador Martínez trabajó para el gobierno y que lo contrato la
Contraloría del Estado para que limpiara de impurezas el ejercicio fiscal de
ese año de la empresa paraestatal Invernaderos de Santa Rita.
Martínez fue el
Tesorero en el gobierno de Silva Nieto, tan de triste memoria que el día en que
entregó el gobierno a Marcelo de los Santos, debió salir por la puerta trasera
del teatro de La Paz donde se realizó la ceremonia oficial de cambio de poderes.
El priísta dejó la
administración endeudada y con un conflicto financiero de grandes dimensiones
como lo fue el de los Invernaderos. Martínez Loredo y el entonces secretario de
Finazas, Olegario Galarza eran los que llevaban el asunto financiero de ese proyecto.
Como desde entonces
Martínez Loredo conocía parte de las tripas de ese proyecto, en 2012 le
encargaron que auditara a la empresa de tomates y lo hizo por la nada
despreciable cantidad de un millón 250 mil pesos.
No sería descabellado
pensar que esa chamba le llegó gracias a su amistad con el secretario Cándido
Ochoa.
Horas antes de que
fuera electo Martínez Loredo, a la prensa se le filtraron datos de que en la
casa del diputado del PRI, Fernando Pérez Espinosa se realizó una encerrona de
legisladores afines al gobernador para recibir línea directa de Ochoa Rojas de
que el ungido debería ser Martínez Loredo.
Lo que se filtró
ocurrió tal y como se había anticipado. Eficiente resultó Ochoa Rojas y logró
que el gobierno tenga desde ya un auditor a modo.
Por eso, llama a la
incredulidad el sentido de las primeras declaraciones que el auditor superior
hizo a la prensa.
Recurrió a frases
hechas que parecen de fondo pero que en realidad no lo tienen, como esa de que
se trabajará e investigará a quien sea, caiga quien caiga, que no le temblará
la mano y cosas de esas que no pasan de ser parte de titulares de prensa que
luego caen en el olvido.
Se presentó como un
tipo más limpio que la conciencia de un infante y se autodefinió como un hombre
con independencia mental y de criterio, que no tiene compromisos con nadie, ni
con funcionarios del gobierno ni con políticos.
Esas palabras se le
han escuchado a más de un nuevo servidor público electo por los diputados y son
palabras que suelen escucharse a muchos servidores públicos, solo que esas
palabras nunca acaban por concretarse en hechos.
Por supuesto, rechazó
haber contado con el apoyo de Cándido Ochoa aunque no negó su amistad con el
secretario General.
En la Auditoría
Superior del Estado le esperan asuntos que involucran a funcionarios públicos
de distintos niveles así como de actuales y anteriores administraciones. Ya se
verá entonces si es cierto eso de que no importa caiga quien caiga.
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