A comparecer ante los diputados el presidente de la CEGAIP

Por Juan Antonio González

Los diputados darán entrada a una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, con el propósito de que el comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, comparezca ante el legislativo con ocasión del informe anual de actividades de esa institución.

Recientemente se aprobó una iniciativa similar, pero dirigida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Este espacio considera que es un ejemplo más de algo semejante al precepto de que los legisladores ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el ojo propio.

La iniciativa es deldiputado del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Escobar Martínez, quien a su vez es presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo.

Lo que aparenta ser un avance en el objetivo de lograr mayor efectividad en la rendición de cuentas, al final no deja de ser un mero cambio a una norma legal más con ánimos de trascendencia personal que con fines genuinos en favor de la transparencia.

Para asombrarse sería que se modifique la Ley y la Constitución para obligar al gobernador del estado a comparecer ante el Congreso a que responda dudas y criticas de los diputados respecto de su informe anual de gobierno.

Seguramente eso no lo harán que para eso están las infumables comparecencias de los colaboradores del gobernador, las cuales no son más que un artificio de lo que representa en realidad la rendición de cuentas.

Con la iniciativa del diputado Escobar, el artículo 83 de la Ley de Transparencia pasaría a quedar como sigue:

“La CEGAIP, a través de su Comisionado Presidente, presentará en el mes de octubre un informe anual por escrito de las actividades de la Comisión, mismo que entregará a los Poderes del Estado y comparecerá ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo dentro de los 30 días siguientes a su presentación para exponer el informe en el Congreso del Estado y recibir de los legisladores presentes opiniones, preguntas, y sugerencias respecto de los resultados de su desempeño. El ejercicio será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad”.

Es decir, la misma medicina aplicada a la CEDH.

En la exposición de motivos, el legislador se vale de los conceptos vertidos por especialistas en la materia y concluye que a mayor publicidad de la información pública, menos espacios hay para la opacidad y la discrecionalidad.

De eso no hay ninguna duda, el problema es que los diputados no prediquen con el ejemplo y ellos si, se mantengan en la cultura del secretismo o del acceso a la información selectiva, sesgada e incompleta.

“Mientras más publicidad y más mecanismos institucionales de intercambio y retroalimentación de información pública tengamos mejor funcionarán nuestras entidades públicas”, precisa Escobar en su iniciativa, quien de estar realmente convencido de ello, debería empezar ya por redactar la iniciativa para hacer comparecer al gobernador.

También haría bien el legislador en velar porque en el Congreso del Estado se respete el Derecho de Acceso a la Información Pública, y debería estar atento a las severas deficiencias que tiene el sitio web del legislativo en donde no se cumple cabalmente la publicación de información de oficio.

“Desde mi punto de vista, creo que la rendición de cuentas debe incluir a los propios organismos constitucionales autónomos que velan porque prevalezca este valor democrático. Así, el trabajo que éstos realizan puede y debe ser conocido y reconocido por un mayor número de ciudadanos y lo más importante, puede ser susceptible de observaciones, consideraciones y comentarios que sin duda pueden impactar para corregir lo erróneo o para afianzar lo que demuestra obtener buenos resultados”, dice Escobar a quien solo le falta poner la muestra con el ejemplo.

Dentro de todo, ojala y la reforma sirva al menos para que los comisionados despierten de su marasmo, dejen la modorra y se pongan a trabajar. Desde ya deben estar preocupados pues hacen tan poco que deberá ser muy fastidioso que se les pregunte acerca de ello.

Claro, comparecerán ante diputados tan ineficientes como ellos, así que quizá hasta les guste el ejercicio y lo festinen como un acto republicano de rendición de cuentas. No lo dude, así son.

Feliz Cumpleaños Miss Transparencia

Por Juan Antonio González

El 20 de marzo de 2003 al publicarse la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se inició el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública por parte de los potosinos.

Once años de contar con un derecho que desafortunadamente no es ejercido con la frecuencia que se desearía.

Once años han sido insuficientes para acendrar la cultura de la transparencia en las autoridades que pese al paso de los años, continúan mostrándose renuentes al tema.

Once años han sido poca cosa para que los ciudadanos tomen conciencia de que les asiste el derecho a conocer la información que obra en poder de las instituciones públicas.

Once años de una Ley manoseada por diputados de distintas legislaturas que en el trayecto la han reformado en innumerables ocasiones.

Once años de una Ley fundamental que sigue siendo materia desconocida para la mayor parte de la población.

En once años, muchos servidores públicos de todos los partidos políticos y filiaciones ideológicas se han burlado de la Ley, la han pisoteado y la han burlado mediante chicanadas legales para evitar su cumplimiento.

En once años, los gobernadores, presidentes municipales, legisladores, magistrados y toda serie de figuras públicas han utilizado la bandera de la transparencia con claros fines políticos. Se han proclamado adalides de la transparencia y respetuosos del Derecho de Acceso a la Información Pública, pero en los hechos han dado constancia de lo contrario.

El Mío, es un gobierno transparente, abierto al escrutinio público, sensible a las demandas de información han dicho en su momento Fernando Toranzo y antes que él, Marcelo de los Santos, a quienes ahora, se les puede reconocer sin tapujos como gobernadores opacos tentados más por el afán de ocultar que el de publicitar.

No ha habido legislador que los últimos once años que no presuman ser los más transparentes de la patria, que no hay quien se les compare. Es más, que son más transparentes de lo que la Ley les obliga.

En once años hemos atendido muchas de esas vaciladas.

Después de todo, son once años y vale la pena celebrarlo. Proyecto Tábano lo festeja porque sin la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública no existiríamos. Somos solo unos ciudadanos que ejercemos el oficio de periodistas y nos encanta el tema, a algunos (a los entes obligados) no les gusta, pero ni hablar.

Desde este modesto espacio, celebro la efeméride porque la fecha va mucho más allá de eso: desde hace once años nos hemos asombrado con documentos, datos e informaciones que han exhibido los excesos, corrupción, caprichos, vanidades, omisiones, complicidades, yerros y hasta la ignorancia de muchos servidores públicos.

Bienvenido el Derecho de Acceso a la Información Pública porque de ejercerlo se han construido muchas historias, noticias y reportajes y ha permitido el análisis y el debate acerca del ejercicio del poder público.

Once años de saber más que antes, diez años de ser menos ignorantes, de contar con mayor fortaleza para no ser objeto de engaño ni de manipulación; once años de contar con un instrumento legal que nos permite contribuir a construir una ciudadanía mejor informada y más consciente de sus derechos.

No se si esté bien decirlo porque tal vez pueda resultar injusto, pero quizá son once años en que la Transparencia y El Derecho de Acceso a la Información Pública se han desarrollado, aunque incipientemente, aun en contra del pobre trabajo de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

Se ha caminado cuesta arriba pese a ese órgano garante que está próximo a cumplir diez años, se la ha pasado en la frivolidad del escándalo, rehenes de intereses políticos, víctimas de su propia ineficiencia e improvisación.

Los comisionados nunca han sentado en la agenda pública de la información a la institución y su obligación de difundir el Derecho a la Información, sino que se han valido de ello para posicionarse en lo personal. Se les reconoce más por sus fallas que por sus aciertos, por su improductividad que por su desempeño.

Pese a ellos, la Ley ha cumplido once años y seguramente seguirá hacia adelante pese a la burocracia de la transparencia y sobre todo, pese a la al parecer inquebrantable falta de voluntad de los servidores públicos de cumplir y respetar la Ley.

Diputados opacos quieren transparencia y rendición de cuentas... pero en la CEDH

Por Juan Antonio González

Los diputados locales como el dicho aquel de hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, han aprobado en comisiones una iniciativa para que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comparezca ante el legislativo luego de que este rinda su informe anual. Que comparezca y responda preguntas de los diputados.

Bien se sabe que los diputados gustan de pretender ser muy acuciosos respecto del actuar de otros sin reparar en lo que hacen ellos.

En la información pública de oficio que el portal electrónico del Congreso debe publicitar sin reparo ni tardanza, está el de los gastos que se realizan. El ejercicio del presupuesto es básico y los ciudadanos deberían estar informados de modo puntual acerca de ello.

Al revisar los movimientos de egresos e ingresos del poder legislativo, se puede encontrar que la publicación de los cheques emitidos data del siete de febrero, fecha que corresponde a su última actualización.

Es decir, han pasado 39 días sin que los diputados reporten el ejercicio diario de su presupuesto. Eso es opacidad, cultura del secreto, cultural de la discrecionalidad y de la negligencia.

Tal dato, que pareciera simplista pero no lo es, refleja la falta de voluntad de unos de los tres poderes del estado para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por eso, resulta  inexplicable que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos le apliquen un criterio que ellos lo utilizan con la normalidad democrática que de ellos se debería de esperar.

Este jueves, en sesión ordinaria, el pleno votará un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género para hacer modificaciones y adiciones a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A propuesta del diputado Rubén Guajardo Barrera se incluirá en el artículo 33 de la Ley de la CEDH, lo siguiente:

“Rendir, ante el, Honorable Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género en reunión pública de comisión, un informe por escrito y en forma personal, dentro de los primeros dos meses del año, el cual será remitido a los tres poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos y, difundido a la población en general.

“El informe deberá contener como mínimo lo siguiente: indicadores acerca de la situación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo un reporte sobre los patrones que encuentre; y un diagnóstico sobre violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que haya encontrado. En todo tiempo la Comisión garantizara la difusión del informe”.

En su exposición de motivos se alude que:

La presente iniciativa, especifica  que el informe al que alude el artículo citado deberá presentarse por escrito, y establece al Presidente de la Comisión la obligación de comparecer para exponerlo de viva voz ante la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género así como ante los legisladores que tengan a bien asistir al ejercicio, y recibir de éstos, los comentarios, sugerencias, preguntas, y cualquier otra manifestación que abone a mejorar el desempeño y las líneas de trabajo del organismo garante de los derechos humanos.

 Esta práctica es viable y positiva, dado que ya ocurre con buenos resultados a nivel federal, en conformidad con lo dispuesto en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se consagra que “el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. (Y que) Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

 Al institucionalizar este intercambio republicano, el Poder Legislativo, el Ombudsman y la ciudadanía potosina ganarán mucho en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero también en lo tocante a la gestión organizacional y la divulgación del trabajo del organismo.”

Como se podrá ver, a los diputados les mueve el hecho de que se abunde en la transparencia y rendición de cuentas por parte del Ombudsman, lo cual, vale la pena insistir, es algo que los diputados distan mucho de cumplir, pero bueno, de ellos no se podría esperar otra cosa.

Un millón 36 mil 761 solicitudes de información... y contando

Antonio González Vázquez

Tal vez no sea nada para lanzar las campanas al vuelo o quizá sea tan solo un apunte estadístico, pero bien visto, la cultura de la transparencia ha venido ganando terreno para empezar a consolidarse en México. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública acaba de reportar que de 2003 a febrero de 2014, los mexicanos han realizado un millón  036 mil 761 solicitudes de información.

En un país donde las tasas de crecimiento de factores positivos se incrementan a cuenta gotas, el que en materia de ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública el crecimiento anual sea del 15.1 por ciento, sin duda resulta alentador.

Se trata de un crecimiento asombroso si se le compara por ejemplo con el pronóstico de crecimiento de la economía nacional que para este año es de apenas 2.5 por ciento.

Que los ciudadanos pidan información porque están concientes de su derecho a saber es algo que debe valorarse, aunque ese derecho lleve ya más de diez años de vigencia. 

Que los ciudadanos pregunten con más frecuencia e interés a sus autoridades, se ilustra con el hecho de que en 2003 se hicieron 24 mil 97 peticiones de información, en tanto que en el primer bimestre de 2014 ya sumaron 23 mil 289.

No ha sido sencillo socializar el Derecho de Acceso a la Información Pública, ha habido limitantes extraordinarias para que las instituciones públicas colaboren en programas de divulgación y difusión de ese derecho, mientras que los órganos garantes en las entidades federativas en muchos casos no han hecho su labor como corresponde.

Con el paso de los años, la cultura de la transparencia y del acceso a la información pública, ha venido ganando cierto espacio en los medios de comunicación, en las redes sociales y en muchos casos es tema central de medios especializados en la materia.

Ahora es posible encontrar en la prensa, por ejemplo, grandes reportajes o noticias inéditas que tienen origen en datos obtenidos por la vía del derecho de acceso a la información pública. Ahí se ha avanzado porque los periodistas y medios, aunque aun en número reducido, han entendido del enorme valor de la utilidad de esa herramienta legal.

Un millón 036 mil 761 solicitudes de información en una década en un país de 120 millones de personas puede parecer muy poco, pero en estos momentos en vez de detenernos en esa arista, más bien da la oportunidad de dar pasos en favor de un mayor y más efectivo impulso a la difusión de ese derecho a saber.

El reporte del IFAI publicado el pasado diez de marzo, señala que la institución ha recibido 54 mil 127 recursos de revisión promovidos por ciudadanos que no se sintieron satisfechos con las respuestas recibidas por parte de los entes públicos.

También, aunque pueda parecer una cifra menor, es gratificante que el ciudadano, sabedor de su derecho constitucional a ser informado, ya haya dado el paso siguiente y no se quede cruzado de brazos ante respuestas insuficientes o negativas totales de las autoridades.

Lo importante es que los ciudadanos digieran debidamente el hecho de que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Fundamental, una Garantía Constitucional.

Un ciudadano bien informado tiene más poder que uno desinformado o de plano ignorante de sus derechos y de lo que hacen sus autoridades, por eso, es reconfortante ver que aunque a paso lento, el Derecho de Acceso a la Información Pública siga avanzando hacia adelante.

Sería deseable que así como la sociedad pregunta más, los servidores públicos en las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, los servidores públicos de los poderes legislativo y judicial, así como de los organismos autónomos descentralizados muestren una voluntad de mayor apertura y dejen atrás la cultura del secreto y del manejo unipersonal y discrecional de la in formación que al ser pública, es de todos.

Con las reformas recientes en materia de transparencia y acceso a la información pública, en el país es posible hacer solicitudes de información a los sindicatos, a los fideicomisos y tal. Ojala y la tendencia se mantenga y a que los nuevos entes obligados, se les pregunte y se les pregunte, incluso hasta el cansancio. Es un derecho y hay que ejercerlo.

Los diputados cierran la puerta a la participación ciudadana

Por Juan Antonio González

La transparencia tiene más enemigos que adeptos. Entre quienes aborrecen el tema están los diputados que jamás se cansan de ventilar a los cuatro vientos que son fieles a la transparencia cuando en realidad son sus opositores más reacios.

Igual, la rendición de cuentas tiene más enemigos que adeptos y en ese caso, los diputados potosinos figuran en primerísimo lugar.

Una muestra más de lo anterior lo podemos observar en la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria programada para este jueves seis de marzo. Apenas han arrancado el periodo ordinario de sesiones y ya dan de que hablar, pero para mal.

En septiembre del 2013, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa ciudadana firmada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín quien propuso a los señores diputados una serie de adiciones y modificaciones a distintos ordenamientos legales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

El propósito central de la iniciativa ciudadana radica en impulsar y hacer real la participación de los ciudadanos en las acciones de vigilancia y seguimiento respecto del actuar de los servidores públicos de los tres poderes del estado.

Su iniciativa expresa la necesidad de incluir en las leyes que los rigen, un capítulo denominado “De la Participación Ciudadana” de la que se desprende un instrumento invaluable que es la figura de los Consejos de Transparencia y Rendición de Cuentas para cada uno de esos tres poderes.

Así de simple. Es decir, generar la posibilidad de que los ciudadanos de manera libre e independiente se sumen a la vigilancia de las autoridades, entendiendo que en un sistema democrático, la participación ciudadana es fundamental.

Los diputados de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Transparencia no lo entendieron así y determinaron desechar por improcedente la iniciativa.

El dictamen es rico en cuanto a la exposición de motivos planteada por Marroquín de la Garza que hace referencia a teorías y conceptos en materia de transparencia, rendición de cuentas, gobernabilidad, administración pública y tal.

Los diputados de esas Comisiones incluso comparten el sentido de la iniciativa y la valoran y aplauden, pero votan en contra y la desechan.

Su conclusión es que la iniciativa no abona a una reforma estructural del diseño institucional de la administración pública. Es decir, se trata de una gran iniciativa pero no nos gusta, esa puede ser la conclusión.

O sea, el gobernador Fernando Toranzo podrá seguir contando con su Consejo Ciudadano de Transparencia aunque éste no haga nada o casi nada y que lo poco que hace sea para avalar al ejecutivo.

O sea que el Congreso del Estado podrá seguir contando con su Consejo Ciudadano de Transparencia aunque a las observaciones que ocasionalmente hace, los diputados respondan como quien oye los llamados a misa.

Lamentable el actuar de los diputados que, teniendo ante sí la posibilidad de abrirse a la participación ciudadana, respondan con un portazo de narices.

Más lamentable aun, el hecho de que compartan ideas de una iniciativa y que puedan más sus intereses para mantener la cultura del secreto, la cultura de la opacidad y de la impunidad.

Dicen que por sus actos se les conocerá y claro está que a los diputados de la actual legislatura no se les reconoce solo por su tendencia al derroche de los recursos públicos, sino también por tirar al cubo de la basura las iniciativas ciudadanas.

Desprecian la transparencia y le dan vuelta a la rendición de cuentas porque así les conviene y un ejemplo de ello es el gasto de 19 mil 710 pesos en la compra de boletos para el transporte público.

El cheque 50947 emitido el pasado seis de febrero, tiene ese concepto de compra de boletos de transporte público para estudiantes según acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Es evidente que a los diputados no les gustaría que un auténtico Consejo Ciudadano de Transparencia les pida cuentas de la compra de 19 mil 710 pesos de boletos para el camión.

Por eso es que desecharon la iniciativa, pues gustan más del paraíso del gasto si no hay quien les diga nada.

Cándido Ochoa y su Comité de Protección a Periodistas

Juan Antonio González

A tan solo unas horas de la instalación del Comité Estatal de Proteccióna Periodistas enfrenta ya las primeras quejas, pero en contra de su creación. La creación de se Comité es resultado de la entrada en vigor de la Ley deProtección al Ejercicio del Periodismo en el Estado

Esa Ley, define en uno de sus capítulos la forma en como se habría de integrar ese Comité y al tratarse de un órgano colegiado que debería atender lo relacionado a las agresiones a los periodistas, la inclusión de representantes del gobierno era una necesidad.

Es decir, incluir al secretario General de Gobierno, al Procurador General de Justicia, al Secretario de Seguridad es una obviedad, puesto que conocen de las denuncias que en su momento presenten periodistas agraviados o amenazados por la labor que desempeñan.

Sumar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es al mismo tiempo una necesidad dado que esa institución conoce de quejas en contra de uno de los derechos fundamentales que es el de la libertar de expresión y de prensa.

Igual, al haber integrado a representantes de los periodistas es una obligación pues éstos son el objeto que protege la ley y son quienes eventualmente enfrentan los riesgos por ejercer su oficio.

Por alguna razón, fue incluido el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El otro asiento lo ocupa un empresario de la radiodifusión, que se entendería, es representante de los empresarios de medios de comunicación.

El sentir de organizaciones que agrupan a periodistas de la capital y del interior del estado, así como de reporteros de diversas fuentes, es que no se les tomó en cuenta, nadie les pidió una opinión ni su parecer para definir a quiénes serían sus representantes al interior de ese Comité.

La queja de los periodistas respecto de cómo se integró el Comité se conoce hoy gracias a distintas noticias publicadas en la prensa, como es el caso de La Jornada San Luis y Código San Luis.

Los periodistas se duelen de que la Secretaría General de Gobierno y el ejecutivo estatal, no hayan consultado a nadie para definir a quienes fueron seleccionados como sus representantes en el Comité. A saber, Jaime Hernández de Editora Mival y Roberto Gutiérrez de El Sol de San Luis.

Reporteros entrevistados porSamuel Estrada para La Jornada San Luis, critican fundamentalmente que se haya designado a esos integrantes sin que se les haya tomado en cuenta, que se haya seleccionado a personas que no “reportean en la calle”, y sobre todo, que “no hayamos sido consultados”.

A esa postura se sumaron el Colegio de Periodistas y Comunicadores de San Luis, Reporteros Unidos de Rioverde y el Colegio de Periodistas y Comunicadores del Altiplano.

De lo anterior baste recordar que si el Congreso del Estado, antes de legislar en materia de protección al periodismo no consultó a los periodistas, mucho menos lo haría ele ejecutivo para conformar un Comité en el que el control lo tienen las propias autoridades.

Por el momento se desconoce el método de selección utilizado por el secretario General de Gobierno para seleccionar a los representantes de los periodistas y de los empresarios de medios, lo cual representa una falla garrafal de forma y fondo.

No es posible que el gobierno sume error tras error, pues hay que recordar que el Comité se crea seis meses después de lo ordenado por la ley, que se instala sin reglamento interno y que la ceremonia de protocolo de instalación fue en sesión privada.

Da la impresión que el secretario General de Gobierno y presidente del Comité, cree que éste será como una entidad o dependencia de su Secretaría, lo cual de acuerdo con la Ley no debería ser, pero que en los hechos, es algo en lo que no resultaría descabellado pensar.

Aun con las muestras de inconformidad manifiestas de algunos periodistas y organizaciones, lo deseable es que el Comité trabaje y haga lo que tiene que hacer que agresiones y amenazas las ha habido según obra en denuncias ante el Ministerio Público.

Para no ir más lejos, está la agresión que el pasado lunes en Ciudad Valles sufrieron reporteros de la Huasteca a manos de personal de seguridad del gobernador.

Asuntos a investigar ahí están, esperemos a ver si el Comité los atiende, empezando por el caso de los guaruras del gobernador.

Se apaga el corazoncito electoral del alcalde

Por Juan Antonio González

Es muy probable que en estos momentos el “corazoncito” del alcalde Mario García se encuentre sometido a la presión de quien tras fumarse un cigarrillo, se arranca en una carrera de cien metros planos.

Ese “corazoncito” que hasta hace poco latía al ritmo de un acompasado anhelo por convertirse en candidato a gobernador, debe estar ahora un tanto oprimido por las últimas noticias.

El ex rector universitario andaba de plácemes porque el lunes en la ciudad de México se había tomado una fotografía, algo difusa por cierto, con el líder nacional del PRI, Cesar Camacho.

Mientras el presunto alcalde ciudadano andaba en el Distrito Federal en un evento partidista, en la capital, estallaba una bomba informativa en la que se dio cuenta de que el ayuntamiento tiene ni más ni menos que 80 mil 196 deudores del impuesto predial.

ProyectoTábano colocó en su portal el archivo completo de esa extensísima lista de morosos del impuesto municipal, cuyo monto asciende a mil 663 millones 88 mil 47 pesos.

El dato debió caerle como agua helada a ese “corazoncito” que andaba de gira partidista en busca de una foto para que vean que cuenta con el apoyo que se necesite para ser candidato.

La información abrumadora por necesidad, deja ver que el presidente municipal simplemente ha dejado de lado su obligación legal de velar por los intereses del ayuntamiento, de la sociedad y de la ciudad en su conjunto.

Los impuestos, bien se sabe, se crean para que la autoridad se allegue recursos que luego le devolvería a los ciudadanos con obras, programas o acciones de beneficio colectivo.

Los ingresos que provienen de los impuestos son necesarios para la autoridad, especialmente para la municipal que siempre se encuentra en situaciones precarias, de modo tal, que sería lógico que la autoridad cobre los tributos y que haga énfasis en quienes gustan de no pagar.

Sin embargo, al ex rector universitario no le ha ocupado ni preocupado cumplir con esa obligación y dado que el ayuntamiento no cobra, el contribuyente hace como que no debe nada y se mantiene omiso en sus obligaciones para con el municipio en algo gran elemental como el pago del predial.

Como bien se recuerda, desde su llegada a la presidencia municipal, Mario García se ha quejado amargamente de que recibió un gobierno endeudado, sin margen de maniobra y sin recursos para prácticamente nada, lo que le ha llevado a reestructurar adeudos y contraer otros.

Esto es por demás inexplicable, si como ahora se sabe, tiene cuentas por cobrar por más de mil 600 millones de pesos.

Si no ejerce su derecho para cobrar esos recursos, es porque en la lista de morosos hay personas a las que no se puede tocar, instituciones públicas a las que no conviene molestar, o bien, que hay intereses oscuros que impiden llegar a pensar siquiera en la cobranza.

El tema resulta patético y refleja a un presidente municipal comprometido con grupos de poder a quienes pudiera ser, les ofreció no tocar el asunto durante su administración, lo cual, es francamente bochornoso e inaceptable.

Empresas, instituciones públicas de gobierno, líderes sociales, funcionarios públicos y particulares de todos los niveles socioeconómicos están en esa lista de quienes tienen la firme convicción de no pagar habida cuenta de la firme convicción del alcalde de no cobrarles.

Si ya existía una especie de desencanto y de enorme decepción por la actuación del alcalde, con lo que se ha ventilado por parte de Proyecto Tábano y que han retomado todos los medios de comunicación, tal desencanto respecto del ayuntamiento seguramente se hará mayor.

Eso, por decirlo claro, va directo al “corazoncito” del alcalde García, quien debería ocuparse más del presente que del futuro. Quizá eso del 2015 para él ya debiera ser un caso cerrado, el tema del predial es como un ataque al corazón.