Diputados opacos quieren transparencia y rendición de cuentas... pero en la CEDH

Por Juan Antonio González

Los diputados locales como el dicho aquel de hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, han aprobado en comisiones una iniciativa para que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comparezca ante el legislativo luego de que este rinda su informe anual. Que comparezca y responda preguntas de los diputados.

Bien se sabe que los diputados gustan de pretender ser muy acuciosos respecto del actuar de otros sin reparar en lo que hacen ellos.

En la información pública de oficio que el portal electrónico del Congreso debe publicitar sin reparo ni tardanza, está el de los gastos que se realizan. El ejercicio del presupuesto es básico y los ciudadanos deberían estar informados de modo puntual acerca de ello.

Al revisar los movimientos de egresos e ingresos del poder legislativo, se puede encontrar que la publicación de los cheques emitidos data del siete de febrero, fecha que corresponde a su última actualización.

Es decir, han pasado 39 días sin que los diputados reporten el ejercicio diario de su presupuesto. Eso es opacidad, cultura del secreto, cultural de la discrecionalidad y de la negligencia.

Tal dato, que pareciera simplista pero no lo es, refleja la falta de voluntad de unos de los tres poderes del estado para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por eso, resulta  inexplicable que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos le apliquen un criterio que ellos lo utilizan con la normalidad democrática que de ellos se debería de esperar.

Este jueves, en sesión ordinaria, el pleno votará un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género para hacer modificaciones y adiciones a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A propuesta del diputado Rubén Guajardo Barrera se incluirá en el artículo 33 de la Ley de la CEDH, lo siguiente:

“Rendir, ante el, Honorable Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género en reunión pública de comisión, un informe por escrito y en forma personal, dentro de los primeros dos meses del año, el cual será remitido a los tres poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos y, difundido a la población en general.

“El informe deberá contener como mínimo lo siguiente: indicadores acerca de la situación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo un reporte sobre los patrones que encuentre; y un diagnóstico sobre violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que haya encontrado. En todo tiempo la Comisión garantizara la difusión del informe”.

En su exposición de motivos se alude que:

La presente iniciativa, especifica  que el informe al que alude el artículo citado deberá presentarse por escrito, y establece al Presidente de la Comisión la obligación de comparecer para exponerlo de viva voz ante la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género así como ante los legisladores que tengan a bien asistir al ejercicio, y recibir de éstos, los comentarios, sugerencias, preguntas, y cualquier otra manifestación que abone a mejorar el desempeño y las líneas de trabajo del organismo garante de los derechos humanos.

 Esta práctica es viable y positiva, dado que ya ocurre con buenos resultados a nivel federal, en conformidad con lo dispuesto en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se consagra que “el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. (Y que) Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

 Al institucionalizar este intercambio republicano, el Poder Legislativo, el Ombudsman y la ciudadanía potosina ganarán mucho en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero también en lo tocante a la gestión organizacional y la divulgación del trabajo del organismo.”

Como se podrá ver, a los diputados les mueve el hecho de que se abunde en la transparencia y rendición de cuentas por parte del Ombudsman, lo cual, vale la pena insistir, es algo que los diputados distan mucho de cumplir, pero bueno, de ellos no se podría esperar otra cosa.

Un millón 36 mil 761 solicitudes de información... y contando

Antonio González Vázquez

Tal vez no sea nada para lanzar las campanas al vuelo o quizá sea tan solo un apunte estadístico, pero bien visto, la cultura de la transparencia ha venido ganando terreno para empezar a consolidarse en México. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública acaba de reportar que de 2003 a febrero de 2014, los mexicanos han realizado un millón  036 mil 761 solicitudes de información.

En un país donde las tasas de crecimiento de factores positivos se incrementan a cuenta gotas, el que en materia de ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública el crecimiento anual sea del 15.1 por ciento, sin duda resulta alentador.

Se trata de un crecimiento asombroso si se le compara por ejemplo con el pronóstico de crecimiento de la economía nacional que para este año es de apenas 2.5 por ciento.

Que los ciudadanos pidan información porque están concientes de su derecho a saber es algo que debe valorarse, aunque ese derecho lleve ya más de diez años de vigencia. 

Que los ciudadanos pregunten con más frecuencia e interés a sus autoridades, se ilustra con el hecho de que en 2003 se hicieron 24 mil 97 peticiones de información, en tanto que en el primer bimestre de 2014 ya sumaron 23 mil 289.

No ha sido sencillo socializar el Derecho de Acceso a la Información Pública, ha habido limitantes extraordinarias para que las instituciones públicas colaboren en programas de divulgación y difusión de ese derecho, mientras que los órganos garantes en las entidades federativas en muchos casos no han hecho su labor como corresponde.

Con el paso de los años, la cultura de la transparencia y del acceso a la información pública, ha venido ganando cierto espacio en los medios de comunicación, en las redes sociales y en muchos casos es tema central de medios especializados en la materia.

Ahora es posible encontrar en la prensa, por ejemplo, grandes reportajes o noticias inéditas que tienen origen en datos obtenidos por la vía del derecho de acceso a la información pública. Ahí se ha avanzado porque los periodistas y medios, aunque aun en número reducido, han entendido del enorme valor de la utilidad de esa herramienta legal.

Un millón 036 mil 761 solicitudes de información en una década en un país de 120 millones de personas puede parecer muy poco, pero en estos momentos en vez de detenernos en esa arista, más bien da la oportunidad de dar pasos en favor de un mayor y más efectivo impulso a la difusión de ese derecho a saber.

El reporte del IFAI publicado el pasado diez de marzo, señala que la institución ha recibido 54 mil 127 recursos de revisión promovidos por ciudadanos que no se sintieron satisfechos con las respuestas recibidas por parte de los entes públicos.

También, aunque pueda parecer una cifra menor, es gratificante que el ciudadano, sabedor de su derecho constitucional a ser informado, ya haya dado el paso siguiente y no se quede cruzado de brazos ante respuestas insuficientes o negativas totales de las autoridades.

Lo importante es que los ciudadanos digieran debidamente el hecho de que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Fundamental, una Garantía Constitucional.

Un ciudadano bien informado tiene más poder que uno desinformado o de plano ignorante de sus derechos y de lo que hacen sus autoridades, por eso, es reconfortante ver que aunque a paso lento, el Derecho de Acceso a la Información Pública siga avanzando hacia adelante.

Sería deseable que así como la sociedad pregunta más, los servidores públicos en las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, los servidores públicos de los poderes legislativo y judicial, así como de los organismos autónomos descentralizados muestren una voluntad de mayor apertura y dejen atrás la cultura del secreto y del manejo unipersonal y discrecional de la in formación que al ser pública, es de todos.

Con las reformas recientes en materia de transparencia y acceso a la información pública, en el país es posible hacer solicitudes de información a los sindicatos, a los fideicomisos y tal. Ojala y la tendencia se mantenga y a que los nuevos entes obligados, se les pregunte y se les pregunte, incluso hasta el cansancio. Es un derecho y hay que ejercerlo.

Los diputados cierran la puerta a la participación ciudadana

Por Juan Antonio González

La transparencia tiene más enemigos que adeptos. Entre quienes aborrecen el tema están los diputados que jamás se cansan de ventilar a los cuatro vientos que son fieles a la transparencia cuando en realidad son sus opositores más reacios.

Igual, la rendición de cuentas tiene más enemigos que adeptos y en ese caso, los diputados potosinos figuran en primerísimo lugar.

Una muestra más de lo anterior lo podemos observar en la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria programada para este jueves seis de marzo. Apenas han arrancado el periodo ordinario de sesiones y ya dan de que hablar, pero para mal.

En septiembre del 2013, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa ciudadana firmada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín quien propuso a los señores diputados una serie de adiciones y modificaciones a distintos ordenamientos legales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

El propósito central de la iniciativa ciudadana radica en impulsar y hacer real la participación de los ciudadanos en las acciones de vigilancia y seguimiento respecto del actuar de los servidores públicos de los tres poderes del estado.

Su iniciativa expresa la necesidad de incluir en las leyes que los rigen, un capítulo denominado “De la Participación Ciudadana” de la que se desprende un instrumento invaluable que es la figura de los Consejos de Transparencia y Rendición de Cuentas para cada uno de esos tres poderes.

Así de simple. Es decir, generar la posibilidad de que los ciudadanos de manera libre e independiente se sumen a la vigilancia de las autoridades, entendiendo que en un sistema democrático, la participación ciudadana es fundamental.

Los diputados de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Transparencia no lo entendieron así y determinaron desechar por improcedente la iniciativa.

El dictamen es rico en cuanto a la exposición de motivos planteada por Marroquín de la Garza que hace referencia a teorías y conceptos en materia de transparencia, rendición de cuentas, gobernabilidad, administración pública y tal.

Los diputados de esas Comisiones incluso comparten el sentido de la iniciativa y la valoran y aplauden, pero votan en contra y la desechan.

Su conclusión es que la iniciativa no abona a una reforma estructural del diseño institucional de la administración pública. Es decir, se trata de una gran iniciativa pero no nos gusta, esa puede ser la conclusión.

O sea, el gobernador Fernando Toranzo podrá seguir contando con su Consejo Ciudadano de Transparencia aunque éste no haga nada o casi nada y que lo poco que hace sea para avalar al ejecutivo.

O sea que el Congreso del Estado podrá seguir contando con su Consejo Ciudadano de Transparencia aunque a las observaciones que ocasionalmente hace, los diputados respondan como quien oye los llamados a misa.

Lamentable el actuar de los diputados que, teniendo ante sí la posibilidad de abrirse a la participación ciudadana, respondan con un portazo de narices.

Más lamentable aun, el hecho de que compartan ideas de una iniciativa y que puedan más sus intereses para mantener la cultura del secreto, la cultura de la opacidad y de la impunidad.

Dicen que por sus actos se les conocerá y claro está que a los diputados de la actual legislatura no se les reconoce solo por su tendencia al derroche de los recursos públicos, sino también por tirar al cubo de la basura las iniciativas ciudadanas.

Desprecian la transparencia y le dan vuelta a la rendición de cuentas porque así les conviene y un ejemplo de ello es el gasto de 19 mil 710 pesos en la compra de boletos para el transporte público.

El cheque 50947 emitido el pasado seis de febrero, tiene ese concepto de compra de boletos de transporte público para estudiantes según acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Es evidente que a los diputados no les gustaría que un auténtico Consejo Ciudadano de Transparencia les pida cuentas de la compra de 19 mil 710 pesos de boletos para el camión.

Por eso es que desecharon la iniciativa, pues gustan más del paraíso del gasto si no hay quien les diga nada.

Cándido Ochoa y su Comité de Protección a Periodistas

Juan Antonio González

A tan solo unas horas de la instalación del Comité Estatal de Proteccióna Periodistas enfrenta ya las primeras quejas, pero en contra de su creación. La creación de se Comité es resultado de la entrada en vigor de la Ley deProtección al Ejercicio del Periodismo en el Estado

Esa Ley, define en uno de sus capítulos la forma en como se habría de integrar ese Comité y al tratarse de un órgano colegiado que debería atender lo relacionado a las agresiones a los periodistas, la inclusión de representantes del gobierno era una necesidad.

Es decir, incluir al secretario General de Gobierno, al Procurador General de Justicia, al Secretario de Seguridad es una obviedad, puesto que conocen de las denuncias que en su momento presenten periodistas agraviados o amenazados por la labor que desempeñan.

Sumar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es al mismo tiempo una necesidad dado que esa institución conoce de quejas en contra de uno de los derechos fundamentales que es el de la libertar de expresión y de prensa.

Igual, al haber integrado a representantes de los periodistas es una obligación pues éstos son el objeto que protege la ley y son quienes eventualmente enfrentan los riesgos por ejercer su oficio.

Por alguna razón, fue incluido el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El otro asiento lo ocupa un empresario de la radiodifusión, que se entendería, es representante de los empresarios de medios de comunicación.

El sentir de organizaciones que agrupan a periodistas de la capital y del interior del estado, así como de reporteros de diversas fuentes, es que no se les tomó en cuenta, nadie les pidió una opinión ni su parecer para definir a quiénes serían sus representantes al interior de ese Comité.

La queja de los periodistas respecto de cómo se integró el Comité se conoce hoy gracias a distintas noticias publicadas en la prensa, como es el caso de La Jornada San Luis y Código San Luis.

Los periodistas se duelen de que la Secretaría General de Gobierno y el ejecutivo estatal, no hayan consultado a nadie para definir a quienes fueron seleccionados como sus representantes en el Comité. A saber, Jaime Hernández de Editora Mival y Roberto Gutiérrez de El Sol de San Luis.

Reporteros entrevistados porSamuel Estrada para La Jornada San Luis, critican fundamentalmente que se haya designado a esos integrantes sin que se les haya tomado en cuenta, que se haya seleccionado a personas que no “reportean en la calle”, y sobre todo, que “no hayamos sido consultados”.

A esa postura se sumaron el Colegio de Periodistas y Comunicadores de San Luis, Reporteros Unidos de Rioverde y el Colegio de Periodistas y Comunicadores del Altiplano.

De lo anterior baste recordar que si el Congreso del Estado, antes de legislar en materia de protección al periodismo no consultó a los periodistas, mucho menos lo haría ele ejecutivo para conformar un Comité en el que el control lo tienen las propias autoridades.

Por el momento se desconoce el método de selección utilizado por el secretario General de Gobierno para seleccionar a los representantes de los periodistas y de los empresarios de medios, lo cual representa una falla garrafal de forma y fondo.

No es posible que el gobierno sume error tras error, pues hay que recordar que el Comité se crea seis meses después de lo ordenado por la ley, que se instala sin reglamento interno y que la ceremonia de protocolo de instalación fue en sesión privada.

Da la impresión que el secretario General de Gobierno y presidente del Comité, cree que éste será como una entidad o dependencia de su Secretaría, lo cual de acuerdo con la Ley no debería ser, pero que en los hechos, es algo en lo que no resultaría descabellado pensar.

Aun con las muestras de inconformidad manifiestas de algunos periodistas y organizaciones, lo deseable es que el Comité trabaje y haga lo que tiene que hacer que agresiones y amenazas las ha habido según obra en denuncias ante el Ministerio Público.

Para no ir más lejos, está la agresión que el pasado lunes en Ciudad Valles sufrieron reporteros de la Huasteca a manos de personal de seguridad del gobernador.

Asuntos a investigar ahí están, esperemos a ver si el Comité los atiende, empezando por el caso de los guaruras del gobernador.

Se apaga el corazoncito electoral del alcalde

Por Juan Antonio González

Es muy probable que en estos momentos el “corazoncito” del alcalde Mario García se encuentre sometido a la presión de quien tras fumarse un cigarrillo, se arranca en una carrera de cien metros planos.

Ese “corazoncito” que hasta hace poco latía al ritmo de un acompasado anhelo por convertirse en candidato a gobernador, debe estar ahora un tanto oprimido por las últimas noticias.

El ex rector universitario andaba de plácemes porque el lunes en la ciudad de México se había tomado una fotografía, algo difusa por cierto, con el líder nacional del PRI, Cesar Camacho.

Mientras el presunto alcalde ciudadano andaba en el Distrito Federal en un evento partidista, en la capital, estallaba una bomba informativa en la que se dio cuenta de que el ayuntamiento tiene ni más ni menos que 80 mil 196 deudores del impuesto predial.

ProyectoTábano colocó en su portal el archivo completo de esa extensísima lista de morosos del impuesto municipal, cuyo monto asciende a mil 663 millones 88 mil 47 pesos.

El dato debió caerle como agua helada a ese “corazoncito” que andaba de gira partidista en busca de una foto para que vean que cuenta con el apoyo que se necesite para ser candidato.

La información abrumadora por necesidad, deja ver que el presidente municipal simplemente ha dejado de lado su obligación legal de velar por los intereses del ayuntamiento, de la sociedad y de la ciudad en su conjunto.

Los impuestos, bien se sabe, se crean para que la autoridad se allegue recursos que luego le devolvería a los ciudadanos con obras, programas o acciones de beneficio colectivo.

Los ingresos que provienen de los impuestos son necesarios para la autoridad, especialmente para la municipal que siempre se encuentra en situaciones precarias, de modo tal, que sería lógico que la autoridad cobre los tributos y que haga énfasis en quienes gustan de no pagar.

Sin embargo, al ex rector universitario no le ha ocupado ni preocupado cumplir con esa obligación y dado que el ayuntamiento no cobra, el contribuyente hace como que no debe nada y se mantiene omiso en sus obligaciones para con el municipio en algo gran elemental como el pago del predial.

Como bien se recuerda, desde su llegada a la presidencia municipal, Mario García se ha quejado amargamente de que recibió un gobierno endeudado, sin margen de maniobra y sin recursos para prácticamente nada, lo que le ha llevado a reestructurar adeudos y contraer otros.

Esto es por demás inexplicable, si como ahora se sabe, tiene cuentas por cobrar por más de mil 600 millones de pesos.

Si no ejerce su derecho para cobrar esos recursos, es porque en la lista de morosos hay personas a las que no se puede tocar, instituciones públicas a las que no conviene molestar, o bien, que hay intereses oscuros que impiden llegar a pensar siquiera en la cobranza.

El tema resulta patético y refleja a un presidente municipal comprometido con grupos de poder a quienes pudiera ser, les ofreció no tocar el asunto durante su administración, lo cual, es francamente bochornoso e inaceptable.

Empresas, instituciones públicas de gobierno, líderes sociales, funcionarios públicos y particulares de todos los niveles socioeconómicos están en esa lista de quienes tienen la firme convicción de no pagar habida cuenta de la firme convicción del alcalde de no cobrarles.

Si ya existía una especie de desencanto y de enorme decepción por la actuación del alcalde, con lo que se ha ventilado por parte de Proyecto Tábano y que han retomado todos los medios de comunicación, tal desencanto respecto del ayuntamiento seguramente se hará mayor.

Eso, por decirlo claro, va directo al “corazoncito” del alcalde García, quien debería ocuparse más del presente que del futuro. Quizá eso del 2015 para él ya debiera ser un caso cerrado, el tema del predial es como un ataque al corazón.

La Auditoria Superior del Estado en manos de Cándido Ochoa

Por Juan Antonio González

El proceso de renovación en la titularidad de la Auditoría Superior del Estado suponía como el peor de los mundos posibles la reelección del auditor Héctor Vicente Mayorga Delgado. En esa tónica, se entendería que cualquiera de los aspirantes electos que no fuera Mayorga sería entonces una buena elección.

Es decir, la premisa de todos contra Mayorga sin importar quien lo supla, en el buen sentido, equivale a caer en el mismo círculo vicioso que al final llevó a elegir a José de Jesús Martínez Loredo, que confesó, tiene amigos en el gobierno, entre ellos al principal, al secretario General de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas.

Si se hace memoria de lo ocurrido durante los últimos días previos a la designación de Martínez Loredo, se recordará que todo el debate se centró en si era conveniente o no que Mayorga fuera reelecto, pero se dejo de lado el perfil y la historia del resto de los aspirantes.

Fue hasta unas horas antes de que el Congreso del Estado votara para que a través de los medios se difundiera información respecto del no tan claro pasado y presente de quien a la postre sería electo auditor superior del estado.

Se reveló que en 2003, el entonces Tesorero del Estado, era quien firmaba los cheques para pagar por servicios profesionales externos brindados al gobierno de Fernando Silva Nieto, por el abogado Cándido Ochoa Roja, actual secretario General de Gobierno y quien impulsó la candidatura de Martínez Loredo a la Auditoría Superior del Estado.

Se divulgó además que en 2012, el Contador Martínez trabajó para el gobierno y que lo contrato la Contraloría del Estado para que limpiara de impurezas el ejercicio fiscal de ese año de la empresa paraestatal Invernaderos de Santa Rita.

Martínez fue el Tesorero en el gobierno de Silva Nieto, tan de triste memoria que el día en que entregó el gobierno a Marcelo de los Santos, debió salir por la puerta trasera del teatro de La Paz donde se realizó la ceremonia oficial de cambio de poderes.

El priísta dejó la administración endeudada y con un conflicto financiero de grandes dimensiones como lo fue el de los Invernaderos. Martínez Loredo y el entonces secretario de Finazas, Olegario Galarza eran los que llevaban el asunto financiero de ese proyecto.

Como desde entonces Martínez Loredo conocía parte de las tripas de ese proyecto, en 2012 le encargaron que auditara a la empresa de tomates y lo hizo por la nada despreciable cantidad de un millón 250 mil pesos.

No sería descabellado pensar que esa chamba le llegó gracias a su amistad con el secretario Cándido Ochoa.

Horas antes de que fuera electo Martínez Loredo, a la prensa se le filtraron datos de que en la casa del diputado del PRI, Fernando Pérez Espinosa se realizó una encerrona de legisladores afines al gobernador para recibir línea directa de Ochoa Rojas de que el ungido debería ser Martínez Loredo.

Lo que se filtró ocurrió tal y como se había anticipado. Eficiente resultó Ochoa Rojas y logró que el gobierno tenga desde ya un auditor a modo.

Por eso, llama a la incredulidad el sentido de las primeras declaraciones que el auditor superior hizo a la prensa.

Recurrió a frases hechas que parecen de fondo pero que en realidad no lo tienen, como esa de que se trabajará e investigará a quien sea, caiga quien caiga, que no le temblará la mano y cosas de esas que no pasan de ser parte de titulares de prensa que luego caen en el olvido.

Se presentó como un tipo más limpio que la conciencia de un infante y se autodefinió como un hombre con independencia mental y de criterio, que no tiene compromisos con nadie, ni con funcionarios del gobierno ni con políticos.

Esas palabras se le han escuchado a más de un nuevo servidor público electo por los diputados y son palabras que suelen escucharse a muchos servidores públicos, solo que esas palabras nunca acaban por concretarse en hechos.

Por supuesto, rechazó haber contado con el apoyo de Cándido Ochoa aunque no negó su amistad con el secretario General.

En la Auditoría Superior del Estado le esperan asuntos que involucran a funcionarios públicos de distintos niveles así como de actuales y anteriores administraciones. Ya se verá entonces si es cierto eso de que no importa caiga quien caiga.

¿Y si pintamos en rosa al Palacio Municipal?

Por Juan Antonio González

Podría ser un hecho menor, una nimiedad, quizá podría ser una ocurrencia nacida del ocio o la expresión frívola de algún burócrata con iniciativa. Podría ser un alarde de ignorancia o un desplante desfachatado de alguien absolutamente desenchufado de la realidad. La transformación del Escudo de Armas de la ciudad como emblema institucional del ayuntamiento capitalino podría ser todo, pero menos una buena idea.

Hay que tener dos dedos de frente para entender que el Escudo de Armas es un símbolo de identidad de los capitalinos y que representa el origen de la ciudad. Atentar contra ello, es como mentarle la madre a la ciudad y a sus habitantes.

Ponerse a jugar con ese Símbolo es un despropósito que no encuentra explicación sino a partir de que lo hace un gobierno que al parecer no tiene nada que hacer. El ocio, o sea, la güeva, puede llevar a cometer soberanas estupideces.

La actual administración municipal se ha venido empeñando en demostrar su corta visión acerca de lo que se llama gobernar y lo ha logrado con tal acierto que ya no se ve la hora en que el trienio llegue a su término.

Lo insulso e inútil es su materia, de eso esta formado el gobierno municipal, sino baste recordar que hace unos meses, la Dirección de Parques y Jardines se dio a la tarea de podar árboles para transformar los  verdes ramajes en caritas sonrientes, en un absurdo mensaje de que los ciudadanos viven muy contentos que hasta los árboles se contagian de esa felicidad.

Ideas tan bobaliconas e inútiles, debieron dar vida a la brillantísima idea de destrozar el Escudo de Armas de la Ciudad para dividirla en segmentos verde, gris y rojo. Tres franjas separan al Escudo que tiene la leyenda de que San Luis Potosí se transforma contigo.

Las siglas de San Luis Potosí superpuestas sobre el Escudo de Armas en una expresión cursi de la imagen de un gobierno que poco o nada ha tenido que ofrecer a los ciudadanos.

Habrase pensado en las huestes del edil García que año nuevo imagen nueva y ya está, a seguir manteniendo el ritmo de su corazoncito para el 2015. Hay que dar la impresión de frescura, de audacia, de modernidad.

En efecto, el alcalde debió pensar: no, pues sí, se ve bonito, es atractivo, llama la atención, esto es arte. Así es mi gobierno, transformador, creativo. Adelante, al diablo con el Escudo de Armas.

Como si todo fuera imagen institucional, como si eso fuera suficiente para hacer ver a los capitalinos que se está en manos de un gobierno eficiente, emprendedor y visionario que tiene todo resuelto.

Se equivoca el alcalde: el ciudadano estima a los gobernantes honestos y probos, trabajadores, esforzados y desdeña a los ocurrentes e ignorantes supinos de la historia de la comunidad.

Si se ha atrevido a manosear el Escudo de Armas, poco faltará para que pinte de rosa el palacio municipal.

Pero bueno, eso no es lo peor que puede pasar. La capital del estado es la ciudad más insegura de todo el estado, donde ha habido más ejecuciones, es la ciudad con calles y avenidas más destrozadas, es la ciudad con mayor número de pobres en su zona urbana, es la ciudad más endeudada de la entidad, una ciudad en penumbra con un dentro histórico que, como recién ha dicho Horacio Sánchez Unzueta, está hecho un desastre.

Si en vez de ocuparse de destrozar el Escudo de Armas, el alcalde se ocupara de gobernar y cumplir con sus obligaciones, tal vez la ciudad sería otra y no la que tenemos, tan estancada y tan olvidada como siempre.

Con todo y la parchada imagen del Escudo de Armas, lo único que sigue presente y calando hondo, es la mediocridad del gobierno. La mediocridad de su administración no se puede maquillar por un simple cambio de imagen institucional, como luego de sice por ahí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.